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La violencia en las cárceles

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Editorial | 15 de febrero de 2020

Existen tres grandes problemáticas al interior de las cárceles de Bolivia. La primera, la sobrepoblación de reclusos, lo que provoca un hacinamiento del 330%; la segunda, las condiciones de vida. Y, por último, la violencia entre los privados de libertad.

La explosión de una granada en la cárcel de Mocoví en la ciudad de Trinidad —hace unos días— que provocó la muerte de dos reclusos y dejó heridas a más de 20 personas, es una señal clara de que esta última problemática tiende a agravarse con el paso de los años.

Dos días antes del hecho ocurrido en el Beni, se encontró otra granada en una celda de un recluso de la cárcel de El Abra en Cochabamba. ¿Cómo llegaron ambos artefactos a manos de estos dos privados de libertad? ¿Cómo burlaron el control policial? 

Después de lo sucedido, el Ministerio de Gobierno ordenó una requisa en todas las cárceles del país, donde también se encontraron armas punzocortantes, celulares y otros objetos prohibidos. Otra pregunta, ¿quién o quiénes permitieron su ingreso? 

En Bolivia, el Estado no está invirtiendo en mejorar el sistema de prisiones. Pareciera que su rol se está limitando a controlar que los privados de libertad no fuguen, y se ha dejado a la población carcelaria que se organice al interior bajo sus propias reglas. Dando como resultado hechos violentos que generarán zozobra y dolor en las familias de los heridos y fallecidos.

En este contexto, y ante el aumento de violencia interna en algunos penales, es importante que el Gobierno —a través de Régimen Penitenciario— refuerce su presencia en la seguridad interna de las cárceles y cumpla con lo que establece el artículo 68 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que asigna al personal de seguridad interior la función de hacer cumplir el régimen disciplinario y de realizar el control del ingreso de objetos.

Las instancias responsables deben asumir medidas inmediatas como la reubicación o extradición —en los casos que ameriten— de privados de libertad peligrosos, tal como lo anunciara el actual Ministro de Gobierno; la optimización del uso de la tecnología con la adquisición de scanners modernos o detectores de metales para controlar el ingreso de objetos prohibidos al interior de las cárceles, y cámaras de video que ayuden a reducir el riesgo de violencia entre reclusos. 

También es urgente mejorar la infraestructura carcelaria para disminuir el hacinamiento, además de impulsar acciones contra la retardación de la justicia.

Acciones El Gobierno debe asumir medidas urgentes e inmediatas como la extradición de los reos peligrosos, la instalación de scanners y cámaras de vídeo para realizar el control.

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