La designación de tres personas, durante la gestión de la presidenta Jeanine Áñez, fue cuestionada y apunta a los familiares y amigos de la mandataria y de la canciller Karen Longaric.

Se trata de los abogados que ejercen como directores de Límites y Legalizaciones José Carlos Bernal, Ismael Franco y el cónsul de Bolivia en España, David Pareja Lozada.

La Cancillería del Estado, según ABI, aseguró que ambos profesionales se destacan por su formación académica y experiencia profesional.

"La Cancillería de Bolivia cuenta con asesores, quienes fueron seleccionados con base en su destacada formación académica y experiencia profesional", señala parte de un comunicado emitido por esa cartera de Estado.

El documento indica que la relación de la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, con los jóvenes abogados ha sido "fundamentalmente académica y profesional", por el  área de su especialización en arbitraje internacional.

Longaric es docente de posgrado en esa área, mientras que Bernal y Franco son destacados investigadores y expertos en ese ámbito.

"Esta relación llevó a la Canciller a invitarlos a prestar sus servicios como asesores de su despacho", establece otra parte del comunicado.

Juan Carlos Díaz, candidato a diputado por el partido de Jorge Tuto Quiroga (Libre 21) denunció que la canciller aprovechó la cuarentena para otorgar cargos a los amigos de su hijo. También dijo que sus sueldos oscilan entre los 15.000 y 19.000 bolivianos.

Ante las críticas que circulan en redes sociales, la Ministra de Relaciones Exteriores manifestó que se siente muy satisfecha de haber incorporado en el equipo de Cancillería a dos brillantes profesionales, que aportan de forma significativa con su trabajo a la gestión institucional y con sus conocimientos, que contribuyen a fortalecer y dar prestigio a esa cartera de Estado. En noviembre de 2019, las direcciones de Límites y Legalizaciones quedaron vacantes y tras seis meses de trabajo como asesores del despacho.

Por otro lado, Díaz recordó que Longaric designó a Pareja Lozada y Áñez avaló esta determinación el 10 de febrero de 2020. El cónsul sería hijo de Ruth Lozada, la candidata a senadora de Juntos, partido por el que la mandataria es candidata. También es sobrino del presidente de la Aduana Nacional, Alberto Lozada, y mano derecha del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Su nombre salió a la luz tras las denuncias de sobreprecio en la compra de los respiradores para combatir el coronavirus COVID-19.

LOS PERFILES Bernal es orureño y tiene 32 años. Inició su trabajo en la Cancillería el 18 de noviembre de 2019, como asesor del despacho de Longaric, con la responsabilidad de investigar y redactar documentos complejos sobre temas relacionados a controversias internacionales, derechos humanos, el Derecho Internacional Público y las legalizaciones de esa cartera.

El jurista se graduó con máximos honores de la Carrera de Derecho en la Universidad Privada Boliviana (UPB). Hizo una maestría en la Universidad de Harvard Law School y fue autorizado para ejercer Derecho por la Barra de Abogados de Nueva York (EEUU).

Bernal trabajó como asociado extranjero en una de las mejores firmas de abogados de Madrid, Uría Menéndez, mientras que en el país trabajó en la firma Guevara & Gutiérrez, donde llegó a ser "asociado senior".

Desde 2014,  el abogado es docente de Pregrado y Postgrado en la UPB. Tiene múltiples publicaciones sobre Arbitraje Internacional y Derecho Corporativo. Por este desempeño profesional fue galardonado por rankings internacionales de abogados, como asociado destacado y futuro practicante líder en Bolivia.

En tanto, Franco nació y creció en Tupiza (Potosí) y tiene 30 años. Empezó como asesor de despacho el 3 de diciembre de 2019, en temas de Negocios Internacionales y Arbitraje Internacional, Gestión Institucional y Derecho Comparado, y es investigador de normativa extranjera, desburocratización y políticas públicas.

El jurista se tituló con el mejor promedio de su generación y máximos honores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho de la UPB, con Mención Académica en Derecho Corporativo. Tiene una maestría en Derecho de Regulación de Negocios Internacionales, Litigio y Arbitraje de la Universidad de Nueva York.

Franco fue consultor para la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) para la redacción del proyecto de ley de Apoyo al Emprendimiento y Economía Digital. Asimismo, fue socio del estudio jurídico Tufiño & Villegas con enfoque especializado en Derecho Corporativo y Tributario.

También fue consultor del Banco Mundial, como investigador de normativa en el proyecto Doing Business y de buenas prácticas en el proyecto Indicadores Globales de Gobernanza, en Washington D.C., además de ser profesor de Derecho Privado en la UPB.