La violación y asesinato de la niña Esther (9), en El Alto, no solo causa indignación en todo el país, sino que volvió a sacar el debate de la necesidad de endurecer las penas contra los autores de estos crímenes.

El cuerpo de la pequeña fue encontrado el domingo en la acera de una calle alteña. La menor fue vejada sexualmente y, luego, asfixiada. El presunto autor está detenido y, como en la mayoría de casos de este tipo, es una persona cercana al entorno familiar de la víctima.

Ya basta de abusar y matar a los niños. Las estadísticas son más que preocupantes; hasta el 7 de junio, 108 niños y adolescentes fueron violados en el país, según datos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV). La mayoría de los casos se reportaron en Santa Cruz y La Paz. 

Bolivia es uno de los países vanguardia en leyes destinadas a cuidar y precautelar los derechos de los menores, sin embargo, por lo que estamos viendo, pareciera que no son suficientes o será que los administradores de justicia no las aplican de manera adecuada.

El Código Penal sanciona con 30 años de cárcel sin derecho a indulto a los que violan y asesinan a los menores de edad, pero ni siquiera una pena tan elevada logra frenar ese tipo de delitos, que cada vez son más crueles.

Tras la muerte de la pequeña Esther, las organizaciones que defienden los derechos de los niños y adolescentes no solo rechazan categóricamente esos crímenes, sino que están pidiendo que las penas sean más duras y que la justicia actúe de forma oportuna.

Por su lado, parlamentarios del oficialismo y oposición coinciden en que es momento de que se modifique el Código Penal y la propia Constitución Política del Estado (CPE) para que se incluya la castración química dentro de las penas por violación y asesinato de menores.

Los diputados de Unidad Demócrata (UD) Erick Morón, Hugo Sandoval y María Isabel Bustamante solicitaron formalmente que en el Cámara de Diputados se retome el proyecto de ley (presentado en 2019) para la castración química. Esa propuesta contempla el uso de inyecciones de Depo Provera (hormona femenina).

Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Mireya Montaño anunció ayer que presentará un proyecto de ley para modificar el Código Penal y establecer la castración química en contra de las personas que cometan violación a niño, niña y/o adolescente.

No es la primera vez que se habla de la castración química como una sanción para los violadores y asesinos de menores. Es un tema que sale cada vez que en el país se registra una muerte violenta contra un niño, niña o adolescente, pero, ahora más que nunca, es necesario que ese tema sea tomado en cuenta y que los parlamentarios, más aún considerando que al parecer hay coincidencia en cambiar las sanciones en ese tipo de delitos, algo que sucede en muy pocas situaciones, trabajen de manera conjunta un proyecto de ley y, si el tiempo lo permite, lo aprueben o al menos lo dejen encaminado para que los que sean elegidos el 6 de septiembre, lo retomen.

Pero, más allá del cambio en las penas, también urge que las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal también trabajen en políticas de prevención y cuidado a los menores. No basta con enunciados, todas las acciones requieren de presupuesto y personal especializado para que sean sostenidas en el tiempo.