Han transcurrido tres meses desde que el COVID-19 anunció su presencia en Bolivia, provocando alarma en la población y preocupación en las autoridades que encontraron al país semidesnudo en su sistema de salud. Al igual que en otros países, las autoridades, además de la cuarentena y las recomendaciones de higiene y distanciamiento social, decidieron la suspensión de actividades educativas.

Si bien la pandemia es una amenaza que pende sobre todas las personas  y las medidas adoptadas son justificadas; sin embargo, la cruda realidad nos muestra que los efectos de las mismas no serán iguales para todos/as porque, después de la salud, la educación es uno de los derechos más afectados para niños/as y jóvenes de hogares en condición de pobreza, especialmente para la/os que asisten a la educación fiscal. Al parecer, esta situación no provoca mayor preocupación de las autoridades, de las organizaciones de maestros/as ni estudiantiles; tanto así que no se ven iniciativas para mitigar el desastre que supone para miles de estudiantes la suspensión de actividades, cuando apenas estaba iniciando el año escolar. Sabemos que el resultado será la mayor profundización de las diferencias y posibilidades de formación profesional de calidad entre quienes tienen el privilegio de acceder a la educación privada y la/os estudiantes del sistema fiscal. En los colegios privados, con todas las limitaciones que enfrentan los hogares de educadores y alumnos, así sea solo para justificar la pensión que cobran, se han adoptado una serie de estrategias tendientes a que el/la alumnado/a mantenga vínculos con sus profesores/as, haciendo uso de recursos tecnológicos desde los más básicos a los que casi toda la población tiene acceso, hasta los más sofisticados que les permite recibir mensajes con tareas hasta pasar clases virtuales; en tanto que en la educación fiscal no se conoce (al menos públicamente) de esfuerzos que los/as profesores estarían realizando para mantener algún contacto con su alumnado. 

Lo que sí se ha escuchado es la propuesta de alguna organización de estudiantes que pide la promoción automática con promedio mínimo; propuesta que muestra una vez más esa tendencia al facilismo y el mínimo esfuerzo cuando aún faltan seis meses para que concluya el año. Seguramente tanto maestros como estudiantes estarán de acuerdo, pero lo que tiene que preocuparnos como sociedad es que la consecuencia será la mayor exclusión social que ya no pasa solo por la falta de dinero, sino de creatividad y compromiso para sacar fortaleza de nuestras debilidades.