Tras la promulgación de la ley de alquileres, la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO) prevé el inicio de demandas y el retorno de las familias que fueron desalojadas por dueños de casa durante la época de la pandemia del coronavirus, COVID-19.

Entre las leyes promulgadas el 27 de agosto por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, está la del descuento del 50% en el pago de alquileres. Esta norma fue sancionada el 30 de julio por el Legislativo. Dispone la reducción que se aplica desde la declaración de emergencia de la pandemia (17 de marzo), cuando al momento de la ley el inquilino y el arrendatario no hubiesen acordado un descuento razonable. Sin embargo, para el Gobierno, esta promulgación es inconstitucional, porque el documento fue enviado al Tribunal Plurinacional Constitucional.

En el departamento de Cochabamba, según OINCO, hay alrededor de 180 mil familias que viven en alquiler. Sin embargo, el presidente de esta organización, Aniceto Hinojosa, explicó que entre el 70% y el 75% de la población tiene algún alquiler, incluidas las tiendas comerciales, oficinas y otras, tomando en cuenta las actividades económicas y la prestación de servicios de profesionales independientes.

Hinojosa resaltó que la ley estará vigente hasta tres meses posteriores a la pandemia. “Así que está lejos todavía que se concluya el efecto de la ley”.

El representante denunció que, durante los meses de la pandemia, se dieron casos en los que los propietarios de viviendas desalojaron a familias de sus casas.

“No han tenido consideración, les han echado a la calle, ha habido desalojos forzosos. Los propietarios se han convertido en juez y parte. Han cometido delitos de allanamiento de morada de su inquilino”.

Antes esta situación, desde la jornada pasada, OINCO recibió quejas y comenzó el asesoramiento con base en la ley para quienes fueron afectados. Hinojosa dijo que, si el arrendatario saca a la fuerza a un inquilino, “se lo va a restituir con el apersonamiento a un juez conciliador, que no tiene que demorar más de 24 horas”.

Acotó que de ser necesario lo harán “con la fuerza pública”, para defender a los inquilinos.

Expresó que existen alrededor de 18 jueces conciliatorios, quienes deberán hacer cumplir la ley.

OINCO se comprometió a la socialización de la norma a través de redes sociales y a brindar asistencia jurídica legal.

“Como organización, vamos a estar pendientes de cualquier hermano en situación de inquilinato, tanto en vivienda como en tiendas comerciales, oficinas, de servicio o industria”.

Existen casos en los que los inquilinos fueron presionados a cancelar los montos completos mensuales de alquiles. Hinojosa sostuvo que se debe considerar, entonces, que son como “pagos adelantados, porque la ley es retroactiva” y que deben considerarse como si fueran de los meses posteriores.

En menor cantidad, hay gente que fue comprendida por los dueños de casa e incluso en el área comercial. Hinojosa enfatizó que los comercios que cerraron en la ciudad, lo hicieron por la presión de los alquileres.