En las últimas semanas, los incendios volvieron con fuerza en varias zonas del territorio cruceño, principalmente,  y trajeron a la mente el recuerdo de la catástrofe ambiental que se vivió en Bolivia en 2019.

Como suele suceder casi todos los años, como si fuera una costumbre instituida y oportunista, las primeras denuncias de las quemas no fueron tomadas con la seriedad del caso y tampoco fueron atendidos los pedidos de ayuda de los comunarios. Sin embargo, con el paso de las semanas, las cosas fueron empeorando y recién las autoridades municipales y departamentales de Santa Cruz tomaron cartas en el asunto.

Primero, el gobernador Rubén Costas declaró emergencia departamental por los incendios y comenzó a enviar ayuda de personal y equipos para que puedan mitigar el fuego que, con el paso de los días, se fue expandiendo, al punto de poner en riesgo reservas naturales como el Parque Noel Kempff Mercado. 

Como en 2019, cuando se quemaron más de 2.1 millones de hectáreas, ahora, la zona más afectada continúa siendo la Chuiquitanía. Se conoce que ya están bordeando las 600 mil hectáreas afectadas por el fuego. Sin lugar a dudas, la cantidad es menor que en la gestión anterior, pero los problemas para controlar las llamas y, principalmente para evitar su propagación, son casi los mismos.

El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez aprobó dos decretos supremos, uno de declaratoria de emergencia nacional por los incendios, lo que permite a las autoridades contratar servicios o comprar equipos de forma directa y en el menor tiempo posible para encarar los siniestros. Una situación a la que muchos apelan, ¿por qué?

El otro decreto supremo fue para abrogar la normativa aprobada en el gobierno del expresidente Evo Morales que permitía las quemas “controladas”. Esa norma fue cuestionada y rechazada por los ambientalistas cuando se aprobó el 9 de julio de 2019.

En ese marco, el gobierno de Áñez autorizó el uso de 57 millones de bolivianos para atender las emergencias derivadas de los incendios y no descartó la opción de acudir a un crédito de Japón. La semana pasada, en más de una ocasión, la Presidenta manifestó que si fuera necesario buscará ayuda internacional para mitigar el fuego y, de esa manera, evitar que se quemen más áreas forestales.

El sábado, la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, llevó tractores oruga hasta el municipio de Concepción para abrir caminos cortafuegos y aplacar el incendio en la reserva forestal de Copaibo.

Todas las acciones destinadas a frenar la propagación de los incendios son buenas, sin embargo, es claro que las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben trabajar de forma coordinada en prevención y no esperar que sucedan los siniestros para recién actuar. No es posible que en las reservas ecológicas, por ejemplo, el cuidado y control esté a cargo de pocos guardaparques, quienes, en la mayoría de casos, no tiene ni el mínimo equipamiento para desarrollar esa importante tarea.

Ojalá que las autoridades entiendan de que es vital cuidar las áreas forestales y eso pasa por destinar más presupuesto y una acción  de fondo, y hasta radical, para las tareas de conservación y prevención. Además, deberían involucrar a los ciudadanos para que también sean corresponsables del cuidado de esos lugares. 

Es una pena que esta realidad se repita año a año y no existan soluciones profundas a un tema tan preocupante. Las acciones y preocupaciones de las autoridades son temporales y oportunistas, por lo que es necesario exigir también una política de conservación de la naturaleza para proteger el ambiente en el que vivimos.