La acusación por supuesto terrorismo que abrió el Gobierno de Jeanine Áñez contra el expresidente Evo Morales no es proporcional y la Fiscalía del país debiera retirarla, según un informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW).

El texto "La justicia como arma: Persecución política en Bolivia" concluye que se "abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y a partidarios del expresidente", expresó el director de la División de las Américas de HRW, José Vivanco, durante una conferencia telemática, según EFE.

Una indagación de varios meses revisó alrededor de 1.500 hojas del expediente contra Morales por supuesto terrorismo y entrevistó a 90 personas, incluyendo funcionarios del Ejecutivo con una veintena de casos similares al del exmandatario.

"Pedimos que se retiren los cargos de terrorismo contra Evo Morales porque no hay evidencia de que él cometió actos terroristas", argumentó César Muñoz, responsable de la investigación.

El proceso por supuesto terrorismo, denominado Caso Audios, se abrió después de que en noviembre pasado saliera a la luz una llamada telefónica en la que supuestamente Morales desde México instruye a un dirigente sindical a organizar bloqueos de caminos para impedir la llegada de alimentos a las ciudades.

Muñoz señaló que a pesar de que aquellas declaraciones supuestamente de Morales "son preocupantes", en sí mismo "no hacen a un acto terrorista, según el Derecho Internacional" y tampoco merecen 20 años de presidio como señala el Código Penal boliviano.

"Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia, sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso HRW consisten principalmente en esa única llamada telefónica, no dan el menor sustento a esa acusación", dijo Vivanco.

USO POLÍTICO La ONG advierte de que los procesos judiciales del Gobierno son "infundados o desproporcionados", con presiones hacia jueces y fiscales para enjuiciar a un centenar de exfuncionarios o simpatizantes del MAS.

"A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir simplemente objetivos políticos", mencionó Vivanco.

Además de la denuncia de noviembre, a lo largo de este año el Ejecutivo transitorio ha interpuesto varias más contra Morales y miembros de su partido como el candidato Luis Arce para las elecciones de octubre.

Incluso, la más reciente ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestos delitos de lesa humanidad, también por supuestamente haber instado bloqueos de carreteras el pasado agosto a los que el Gobierno culpa de al menos 40 muertes de enfermos que quedaron sin suministro de oxígeno.

La investigación también observa antecedentes de "debilitamiento del sistema judicial" desde el Gobierno de Morales, con "uso del poder en casos específicos", señaló por su lado Muñoz.

El investigador de HRW mencionó que Bolivia necesita de una "reforma judicial", ya que muchos de los jueces son temporales y están sujetos a presiones.

REACCIONES Para el abogado Wilfredo Chávez, que representa a Morales en ese proceso judicial, se obtuvo una victoria moral.

Chávez mencionó que el informe "da objetividad" al proceso que se sigue contra el ex jefe de Estado y es "un avance positivo en cuanto a la vigencia de los derechos humanos" en Bolivia y a favor de su defendido.

A juicio del jurista, todavía queda valorar si es posible que las conclusiones de la ONG se presenten a entidades internacionales que atienden asuntos jurídicos y de derechos humanos.

El Gobierno rechazó "categóricamente" que ejerza una persecución política contra Morales y su partido el MAS.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, citado por ABI, negó cualquier manipulación, pues los procesos se basan en "argumentos jurídicos".

Al contrario, argumentó que la Justicia boliviana es ahora independiente, tras casi 14 años "sometida" por Morales en el poder y el MAS con su mayoría parlamentaria.

“Hay que recordarles que el MAS preseleccionó a las autoridades del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agrario, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado. Todo sigue copado por ellos", dijo.

El informe se conoce después de que en los últimos días Áñez haya reiterado que si el exmandatario vuelve a su país, se enfrentará a órdenes emitidas por la Fiscalía para que comparezca en varios procesos, e incluso a denuncias por estupro por supuestas relaciones con menores cuando era presidente.

Ni Evo Morales, que suele ser bastante activo en redes sociales, ni su partido se han pronunciado sobre el informe, como tampoco los principales líderes políticos del país.

ELECCIONES Human Rights Whatch actúa en unos 90 países y desde el año pasado investiga lo sucedido durante la crisis social y política que emergió del presunto fraude electoral en los comicios generales, del 20 de octubre de 2019.

Parte del documento emitido por esa entidad pone en evidencia que el conteo de votos fue suspendido, sin explicación, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entonces presidido por María Eugenia Choque, lo que ocasionó el rechazo de la población y el inicio de las protestas.

Refirió también que los episodios de violencia ocurridos en las poblaciones de Vila Vila, Playa Verde y Caracollo, señalados en el informe de HRW, reconoce la actuación antijurídica del MAS.

Núñez recordó a HRW que durante 14 años, el MAS presentó ante la Fiscalía cargos legales contra sus detractores, en franco abuso y toma del Poder Judicial.  "Eso sí era una motivación y persecución política", remarcó la autoridad.