Mientras el sector de hidrocarburos aporta al Estado una renta que alcanza a 50 por ciento del valor de la producción, en el caso de la minería la renta es solamente de 4.5 por ciento, es decir, diez veces menor, revela un estudio divulgado por la Fundación Jubileo, organización de la Iglesia católica especializada en temas económicos.

Recuerda que los sectores de hidrocarburos y minería han sido bastante favorecidos en los últimos años por un importante incremento de los precios internacionales de estas materias primas, pero la contribución económica al Estado es en extremo desigual.

Señala que en cifras, la renta a favor del Estado es de poco más de 2.000 millones de dólares aportados por hidrocarburos, frente a casi 170 millones de dólares por los minerales, según datos del año 2011.

El informe sostiene que el sector hidrocarburos generó muchos más recursos para el Estado con la ley aprobada el año 2005, cuando se creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se sumó a la regalía ya existente. Sin embargo, contrapone Jubileo, la minería, a pesar del incremento del valor de la producción, mantiene un aporte reducido.

Explica que debido a diferentes factores, como el crecimiento de economías emergentes como China, los precios de las materias primas tuvieron un gran incremento en la última década, situación que favoreció a países exportadores de estas materias primas.

El precio del barril de petróleo, que es un referencial para los precios de exportación de gas, se incrementó de alrededor 26 dólares a más de 90 dólares en la última década. El precio, se multiplicó en casi cuatro veces.

La situación no fue diferente para la minería, pues los precios de los principales minerales que se explotan en Bolivia también se cuadriplicaron en ese mismo periodo de tiempo. Actualmente siguen siendo altos, a pesar de que pueden presentarse fluctuaciones y en las últimas semanas registraron una baja.

Jubileo señala que para la gestión 2011, el valor de la producción de hidrocarburos fue de más de 4.000 millones de dólares y el de minerales más de 3.700 millones de dólares. “El valor de la producción de hidrocarburos es solamente mayor al de minerales en 8 por ciento, pero al comparar la renta que ambos sectores generan para el país las diferencias son abismales”.

Esta renta representa el aporte que el Estado recibe, aparte de los impuestos que se gravan a todos los sectores, a cambio de explotar y vender estos recursos naturales que no son renovables y que, en algún momento se agotarán, agrega el análisis.

En el caso de los hidrocarburos, la renta que recibe el Estado llega a 50 por ciento del valor de la producción que significa 18 por ciento por regalía y 32 por ciento por IDH.

El aporte del sector minero al Estado es mínimo en comparación con el sector hidrocarburos, y básicamente solo llega a las regiones productoras. La regalía minera es de 4,5 por ciento del valor de la producción; de esta renta, 85 por ciento es para la Gobernación y 15 por ciento para los municipios productores.

Jubileo recuerda que la historia de la renta de ambos sectores fue diferente. En el caso de los hidrocarburos, la población se movilizó el año 2005 para que el sector genere mayores recursos para el país, lo que derivó en la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Esta renta beneficia a todos los niveles de Gobierno, principalmente a las regiones y municipios, además de pueblos indígenas.

Por el contrario, agrega Jubileo, en el caso de la minería, existe una presión y oposición de actores de ese sector para conservar privilegios y mantener los bajos tributos.

“Si bien la renta que se grava a cada sector debe ser acuerdo con las características propias, como ser los costos de explotación, precios de venta y otros, queda claro que el aporte del sector minero al Estado es notablemente reducido, se explica.

Agrega que el sector minero, además tiene diferentes subsectores que son la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), o minería estatal, la minería mediana y minería chica que está a cargo de empresarios y las cooperativas mineras.

Se recuerda que la Ley 3787, de 24 de noviembre del año 2007, creó para el sector minero una alícuota adicional de 12.5 por ciento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), determinación que excluye a las cooperativas que se han constituido en uno de los principales sectores de respaldo político al gobierno del presidente Evo Morales.

“No se cuenta con información que presente de manera separada la generación de recursos de esta disposición, en todo caso, con base en la recaudación del total del Impuesto a las Utilidades del sector minero, se puede inferir que este adicional no tiene mucha incidencia en la relación renta/valor de la producción, por tanto, la contribución de este sector sigue siendo baja”, agrega el documento.

Datos.

Constitución Política

Jubileo recuerda que la Constitución establece que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano, de carácter estratégico e interés público para el desarrollo del país y el Estado debe garantizar el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos, sin embargo, los grandes beneficios por la explotación y venta de estas fuentes no renovables benefician a pocos.

Informe

“En este escenario de oportunidades con precios bastante altos de las materias primas, y considerando que al extraer y vender los minerales se estaría perdiendo un recurso estratégico de mucho valor, no renovable y que forma parte del patrimonio nacional, es importante analizar la contribución de este sector a la economía y al país, de modo que se cumpla la determinación de la Constitución que en su artículo 108 establece el deber de tributar de acuerdo con la capacidad económica”, agrega la investigación.

Sector extractivo redujo la pobreza

Los recursos de los llamados sectores extractivos, como la minería y los hidrocarburos, se han constituido en los principales motores para lograr la reducción de la pobreza que ha registrado el país en los últimos años.

Un informe de la Fundación Jubileo, señala que en la última década se produjo una importante disposición de recursos por el no pago de la deuda externa, mediante programas de alivio y condonación, pero los recursos por explotación de minerales e hidrocarburos fueron más importantes para promover desarrollo.

 Jubileo señala que la condonación de la deuda tuvo un apoyo presupuestario que coadyuvó a reducir los déficits fiscales en algunos años y, posteriormente, permitió alcanzar niveles sostenibles de endeudamiento que, ahora dan espacio al país para contratar nuevos créditos.

Además, la condonación, contribuyó a incrementar el gasto social y la inversión pública, pero los recursos del sector extractivo son los que tuvieron una mayor influencia en los últimos años y que generaron los principales recursos para promover la reducción de la pobreza.

El alivio de la deuda externa no produjo un impacto social visible en la población

A más de diez años de vigencia de las iniciativas de condonación de deuda en Bolivia, el resultado más evidente es la reducción de la deuda externa a niveles sostenibles, pero el apoyo presupuestario que recibió el Tesoro General de la Nación y las transferencias a favor de los gobiernos municipales no permiten verificar su impacto social.

La advertencia corresponde a la Fundación Jubileo, institución católica especializada en temas económicos, en un análisis que destaca “los importantes avances logrados en materia social que tienen una importante influencia de los recursos provenientes de hidrocarburos y minería.

Jubileo recuerda que en la década de los años 80 y 90, Bolivia atravesó por una crisis económica con hiperinflación y niveles insostenibles de deuda externa, como parte de la crisis de deuda en América Latina, déficit fiscales y de balanza de pagos, y por altos niveles de pobreza y desigualdad.

“En este tiempo se asumieron medidas económicas y reformas estructurales así como formar parte de programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial”.

Señala que a fines de los 90 Bolivia estaba muy endeudada, con un índice de VPN de la deuda externa/exportaciones superior a 300 por ciento y tenía altos niveles de pobreza. “el Producto Interno Bruto por persona era menor a mil dólares haciéndose elegible para formar parte de la Iniciativa de Alivio de Deuda para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC) y de la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (MDRI).

 Jubileo señala que el impacto más evidente de los alivios fue la disminución de la deuda externa, especialmente con la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral, que permitió reducirla casi a la mitad, llegando a niveles sostenibles, según los parámetros de sostenibilidad de las instituciones financieras internacionales, con la generación de un margen para contratar nuevamente financiamiento externo, aunque con un efecto en la concesionalidad de futuros créditos como mayores tasas de interés y menores plazos.

 Sin embargo, dice Jubileo, es el destino de los recursos liberados (monto que se dejó de pagar por concepto de deuda), lo que puede determinar otros impactos de estas iniciativas.

Informa que entre 1998 y 2010, el alivio total llegó a 2.234 millones de dólares, de los cuales 66 por ciento fue destinado a generar alivio en flujo de caja, principalmente del Tesoro General de la Nación, cuyo seguimiento a impacto no puede ser identificado con precisión.

 Otro 34 por ciento tiene un destino específico, orientado a la reducción de la pobreza a través de traspasos a un Fondo Solidario, creado principalmente para financiar ítems en salud y educación. Y transferencias a más de 300 municipios para su gasto en educación, salud e infraestructura  productiva, tal como se definió al elaborar la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y la Ley del Diálogo Nacional del año 2000.

El Estado creará cargos con dinero de reducción de la deuda

El Estado deberá asumir el financiamiento de más de seis mil cargos creados en educación y salud con recursos de la reducción de la deuda externa mediante programas de alivio, una vez éstos se extingan y ya no generen recursos para esos rubros.

La Fundación Jubileo, de la Iglesia católica, en un estudio señala que “cuando los recursos liberados del HIPC II lleguen a extinguirse, se deberá establecer la fuente de recursos para dar sostenibilidad a estos gastos”.

Explica que el alivio HIPC es una transferencia que depende de recursos provenientes del no pago de la deuda, que se irán reduciendo en los siguientes años hasta extinguirse.

Destaca que el sector educativo se benefició principalmente con la creación de 4.296 nuevos ítems el año 2002, para establecimientos educativos, tanto de capitales de departamento como de poblaciones rurales, cantidad equivalente aproximadamente a 5 por ciento de la planilla que se tenía en ese entonces.

En el sector de salud se financiaron más de 2.200 ítems, especialmente para auxiliares de enfermería y médicos, de los cuales 69 por ciento fue para los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por otra parte, el 75 por ciento de ese personal se destinó a centros de salud de segundo y tercer nivel, agrega.

Recuerda que los recursos HIPC crecieron en 41 por ciento entre 2003 y 2009 en términos nominales, “sin embargo en términos de participación frente a otros ingresos municipales se redujeron de 11 por ciento a 5 por ciento en ese periodo. Esto ocurrió como efecto del incremento en 354 por ciento de las transferencias que recibieron del Gobierno central, generados principalmente por el IDH y regalías. “Haciendo abstracción de municipios grandes y analizando solo municipios intermedios y pequeños, la situación es diferente. La necesidad de ingresos de estos municipios es marcada a una asignación mayor de recursos HIPC que pudo tener un mejor impacto, es decir, la atomización de los recursos del alivio no permitió logros más visibles y concretos”, señala Jubileo.