El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, informó este lunes que 60 procesos penales que se iniciaron por casos del anterior gobierno, suspendidos a causa de la cuarentena por el coronavirus, fueron reactivados. Además, se comenzó con la solicitud de información de la adquisición de insumos que hicieron gobernaciones, alcaldías e instituciones del nivel central para luchar contra el COVID-19.

La Fiscalía General del Estado, mediante instructivo FGE/JLP Nº 090/2020 del 21 de marzo, instruyó a los fiscales departamentales designar fiscales de materia de turnos permanentes de 08:00 a 13:00 para la atención de casos graves, relevantes o en flagrancia y aquellos que requieran atención inmediata durante la cuarentena, situación que provocó la suspensión de casos anteriores.

“El día de hoy, como Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción hemos presentado memoriales a la Fiscalía departamental para solicitar la reactivación de todos estos procesos anticorrupción que datan de fechas anteriores a la cuarentena”, informó la autoridad gubernamental. “Tenemos la solicitud de reactivación de 60 procesos”, acotó.   

Entre los casos solicitados para la reactivación, se encuentran el de temas como  el  de Fondo Indígena, Neurona, Fraude electoral,  audio de Evo Morales, caso Entel, Taladros chinos, entre otros.
 
“Asimismo, informar que ya se dio inicio a las solicitudes de información a gobernaciones, municipios y entidades del nivel central sobre las compras de insumos en la lucha contra el COVID 19 a fin de proceder a las auditorías anunciadas”, indicó.
 
Desde el 21 de marzo, se estableció en todo el país, en resguardo al derecho fundamental a la vida y a la salud, la cuarentena total con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional contra el contagio y propagación del coronavirus.

Luego de las evaluaciones, el 28 de mayo se determinó continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s), motivo por el cual existió flexibilización desde este 1 de junio para las actividades públicas y privadas.