El asambleísta por la agrupación Voluntad Ciudadana Pueblo, Mario Orellana, interpuso una Acción Popular en contra de la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, (del Movimiento Al Socialismo) y 22 asambleístas por omitir la declaratoria de desastre sanitario departamental frente a la crisis por la pandemia. El recurso fue aceptado por la Sala Constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia y las autoridades fueron citadas para este jueves 23 de julio a las 14:00 para que presten declaración.

Orellana explicó que tomó la Acción Popular como una medida de defensa a los derechos de los ciudadanos. “Las autoridades accionadas no atendieron, promovieron, es más rechazaron de manera continua la declaratoria de emergencia sanitaria y/o desastre departamental violando y amenazado nuestros derechos e intereses colectivos relacionados con la salud y el acceso a los servicios de salud”.

El asambleísta ve negligencia en la omisión en momentos en que medio millar de personas han fallecido y más de 6.500 están infectados por el virus de la COVID-19, en el departamento.

“No puedo creer cómo las autoridades son tan indolentes y se niegan a declarar desastre. El pueblo está siendo vulnerado en sus derechos y amenazado por la omisión de las leyes y quebrantamiento de los derechos consagrados”.

Aclaró que la Sala Constitucional primera puede, en base a las pruebas presentadas, ordenar que se declare desastre sanitario departamental, que las autoridades implementen acciones y medidas muy concretas para combatir el coronavirus, que  se implementen medidas integrales para superar y reparar el daño causado por el coronavirus y, que se remitan los antecedentes al Ministerio Público por el incumplimiento de deberes.

De dictarse esta última medida, envío de antecedentes al Ministerio Público, implicaría un proceso penal por incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.

DEMANDADOS Las autoridades demandadas son: la gobernadora Esther Soria; Teodocio Quispe Escalera, presidente de la Asamblea Legislativa; Luisa Arroste Quispe, José Javier Castello Tarrico, Segundina Claros Zenteno, Marina Flores Tola, María Francisco Colque, Aniceto Fuentes Anavi, Silvia Jaldín Almendras, María Javier Yucra, María Elena Laura Andia, Ángel María Guamán, Graciela Morales Pradel, Sandra Muñoz Molina, María Olivia Navarro Barriga, María Patzi Fernández, René Rocabado Alegre, Eugenia Rojas Cuéllar, Daniel Tórrez Rojas, Ediberto Soto Quispe, Jenny Vásquez Quinteros, Ronald Equilea y Zulma Villarroel Centellas.

El asambleísta observó que la Gobernación declaró incluso una cuarentena rígida sin que exista una normativa jurídico legal. Todas las acciones tomadas son asumidas sin que exista una declaración de estado de desastre lo que habría permitido utilizar recursos necesarios.