El Gobierno español anunció ayer la creación de una Fiscalía especial en el Tribunal Supremo que estará destinada a proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura franquista, a la que podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.

Este es uno de los puntos que aborda el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez, con el que se amplía la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, se espera recuperar unos 25.000 cadáveres todavía en fosas comunes y se prohíbe en España la exaltación de la dictadura.

La nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos se dedicará a investigar los hechos producidos en la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) en base al derecho y los tratados internacionales.

"No hay más garantía para investigar esas violaciones de los derechos humanos que estar en los tratados internacionales a los que España está obligada", dijo hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, principal impulsora de la ley.

EL MAUSOLEO DE FRANCO SERÁ UN CEMENTERIO CIVIL El anteproyecto de la norma, que ahora pasará por el examen jurídico del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, prevé transformar el Valle de los Caídos, el mausoleo donde permanecieron enterrados los restos de Franco desde su muerte en 1975 hasta que fueron exhumados hace casi un año, en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos de la guerra que reposan en la cripta.

Para resignificar el Valle se retirará a los monjes benedictinos la custodia de la basílica que ostentaban hasta ahora, aunque, de momento, no está sobre la mesa demoler la gran cruz que preside el recinto.

La ley, que ahora comienza su tramitación, prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", algo que ya ocurre en otros países europeos.

La socialista Calvo explicó que el nuevo texto plantea también suprimir todos los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura, como el ducado de Franco.

Asimismo, se retirarán las condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia.