Ni bien se posesionó la presidenta Jeanine Áñez, en noviembre pasado, varios líderes y dirigentes opositores del anterior Gobierno comenzaron a manifestar su intención de retornar a Bolivia, desde los países donde están o estaban —en algunos casos— en calidad de asilados o refugiados desde hace varios años, incluso hasta una década.

Según datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, alrededor de 1.399 bolivianos se fueron del país por motivos políticos y víctimas de persecución sin un debido proceso, durante los casi 14 años de gestión del expresidente Evo Morales.

Como explica el jurista William Herrera, la mayoría de los expatriados pertenecía a la denominada “Media Luna” y que, coincidentemente, resistía la hegemónica del MAS. El grueso del exilio sucedió después de los acontecimientos de El Porvenir, en Pando, y de las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, en Santa Cruz. 

En este contexto, el 5 de diciembre de 2019, el Gobierno de Áñez aprobó la Resolución Ministerial 140 que crea el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos “Justicia y Paz”, presidido por el Ministro de Justicia, para restablecer las garantías constitucionales, la seguridad jurídica, y el debido proceso de las personas que hayan sido indebidamente perseguirías. Quedando fuera aquellas que cometieron crímenes de lesa humanidad, delitos comunes y narcotráfico.  

En otras palabras, que los exiliados políticos tengan la posibilidad de retornar al país para enfrentar su procesos judiciales con garantías legales. Desde su aprobación, varios políticos y exdirigentes como Mario Cossío, José Luis Paredes, Branko Marinkovic y Guido Nayar ya están de regreso; y, en los próximos días, llegará a Cochabamba el exalcalde Manfred Reyes Villa. Es importante recalcar que la Resolución Ministerial no es una anmistía o extinción de las acciones legales pendientes que tienen algunas de estas personas. 

Una vez que retornen, deberán acudir a la Justicia para “dar la cara” y asumir su defensa en los procesos en su contra, para demostrar su inocencia; y, en caso de ser  culpables, cumplir con sus sentencias.

Sería recomendable que el Gobierno de transición siente las bases legales para que las nuevas autoridades materialicen una norma que ponga fin a la persecución política a personas por pensar diferente que el poder de turno.