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  • Diario Digital | sábado, 20 de abril de 2024
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Una economía en picada

Una economía en picada

Los últimos datos que se difundieron sobre la economía boliviana definitivamente son preocupantes. Indicadores económicos que deben causar una reacción positiva e inmediata en todos los ámbitos para asumir acciones contundentes y evitar una profunda crisis.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recientemente reveló que el Producto Bruto Interno (PIB) cayó en -11.11% en el segundo trimestre del presente año. La causa principal, la cuarentena rígida que fue impuesta por el gobierno transitorio para frenar la propagación del mortal coronavirus, un mal que todavía está latente y amenaza con seguir afectando a los bolivianos.

La construcción cayó en un -51%, la minería en -39%, el transporte en -18%, la industria en -13%, electricidad, gas y agua en -6%; el comercio en -11%, hidrocarburos en -5% y la banca en -4%. En contrapartida, los sectores de comunicaciones, uso de internet y celulares, así como el agropecuario y agroindustrial crecieron.

Nadie puede cuestionar que la cuarentena implementada en el país fue necesaria, ya que, pese a las dificultades y problemas que se tienen en el sector salud para atender a los pacientes y para trabajar en prevención, Bolivia logró frenar la propagación acelerada del virus. Actualmente, se reportan pocos casos de contagios y muertes en comparación con lo que sucedía en los meses de mayo, junio y julio.

Ahora bien, es evidente que la economía está herida, no solo por los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19, sino también por los conflictos de casi un mes que se desataron entre octubre y noviembre de 2019 tras las elecciones anuladas del 20 de octubre, que motivaron la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales.

El sector productivo y el comercio, así como otros sectores poco a poco van retomando la normalidad, pero se necesitará mucho esfuerzo y apoyo gubernamental para que logren superar los más de seis meses de paralización, total y parcial.

Esa situación altamente preocupante también se ve reflejada en el desempleo. Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señalan que hasta julio del presente año, 289.000 personas se quedaron sin trabajo. Pero, la cifra casi se duplica, es decir llega a 434.000 desempleados, si se suma a los que ya estaban sin una fuente de trabajo antes de la pandemia.

En ese marco, el nuevo gobierno que resulte ganador de los históricos comicios de este domingo tiene la obligación de realizar medidas contundentes que ayuden a revertir los preocupantes índices económicos que existen. En paralelo, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional deberá acompañar con la elaboración de normativas acordes a las necesidades que hay y dejar de lado las peleas y ambiciones políticas que tanto daño han venido haciendo y solo han contribuido al deterioro de nuestra economía.

Definitivamente no es un consuelo, pero lo cierto es que la caída de la actividad económica no solo se presenta en Bolivia, ya que es parte de un fenómeno global, dado que todas las economías del mundo sufrieron efectos negativos en sus niveles de producción por el coronavirus y por la cuarentena que activaron para evitar la propagación.

A modo de ejemplo, en Perú la economía registra una caída acumulada de -17.27%; Argentina presenta un -12.55%; Colombia llega a -7.43% y Chile tiene -7.08%. Los países con menos problemas en el área económica son Uruguay con -5.99% y Brasil con -5.90%, último que si bien es la nación con mayor cantidad de infectados y muertos, es bueno recordar que es una de las economías más fuertes de Latinoamérica, por lo que los efectos de la COVID-19, hasta el segundo trimestre de 2020, no fueron tan fuertes.

Está claro que el panorama económico en el país no es nada alentador, sin embargo, el nuevo Presidente que será posesionado en noviembre o diciembre, dependiendo si hay segunda vuelta electoral, tendrá que ejecutar estrategias que permitan reactivar el sector productivo y generar empleo.

Asimismo, debe dar señales claras y concretas orientadas a respetar las normas legales, la propiedad privada y tejer un manto de certidumbre para que Bolivia logré captar inversiones nacionales y extranjeras.