Dueños de vidas
11 de junio de 2019 (20:08 h.)
Me estremezco de solo imaginar el calvario que hicieron pasar a la niña de 14 años, víctima de violencia sexual y a su familia, en su esfuerzo de demandar una interrupción legal de embarazo -ILE, que se enmarca en la legislación vigente en nuestro país.
Bolivia ha firmado la mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos, particularmente de mujeres, niñas y niños, comprometiéndose a protegerlos de todas formas de violencia, particularmente de abuso y violencia sexual y evitar su revictimización, elementos que fueron incorporados en la normativa nacional.
Las ILE, en casos de violación, están previstas en el marco del Código Penal, la Sentencia Constitucional 026 y el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.
En el caso mencionado, vimos cómo funcionarios del sistema público de salud violaron sistemáticamente los derechos de la víctima de violación. Dando muestras de profundo desprecio por su vida, los médicos que recibieron la solicitud de ILE, negaron el servicio objetando conciencia y demorando el procedimiento. Varias semanas después, y posiblemente por temor a las medidas que podrían tomarse por incumplimiento de deberes, el director del centro de salud, desconociendo las decisiones de la niña y su familia, decidió utilizar un procedimiento diferente al establecido en los protocolos, forzando un parto inducido. La situación amerita ser investigada.
La revictimización de la niña continúa. Con escasas excepciones, los medios de comunicación hicieron gala de la falta de sensibilidad y empatía con la pequeña y su situación. Fueron pocos quienes censuraron el hecho violento que originó los pesares que ella tuvo que enfrentar. La mayoría hizo eco a posturas de doble moral que celebran esta violación del derecho a decidir de las mujeres y niñas, pero que guardan silencio frente a la violencia sexual contra niñas y niños, porque se creen dueños de verdades, dueños de vidas.
La presión de los medios de comunicación ha forzado a la familia a asumir la crianza de la recién nacida. Ninguna niña, adolescente o mujer debe ser obligada a continuar un embarazo producto de violación y menos a asumir una maternidad forzada. El embarazo y la maternidad forzadas son formas de violencia y tortura.
Bolivia ha firmado la mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos, particularmente de mujeres, niñas y niños, comprometiéndose a protegerlos de todas formas de violencia, particularmente de abuso y violencia sexual y evitar su revictimización, elementos que fueron incorporados en la normativa nacional.
Las ILE, en casos de violación, están previstas en el marco del Código Penal, la Sentencia Constitucional 026 y el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.
En el caso mencionado, vimos cómo funcionarios del sistema público de salud violaron sistemáticamente los derechos de la víctima de violación. Dando muestras de profundo desprecio por su vida, los médicos que recibieron la solicitud de ILE, negaron el servicio objetando conciencia y demorando el procedimiento. Varias semanas después, y posiblemente por temor a las medidas que podrían tomarse por incumplimiento de deberes, el director del centro de salud, desconociendo las decisiones de la niña y su familia, decidió utilizar un procedimiento diferente al establecido en los protocolos, forzando un parto inducido. La situación amerita ser investigada.
La revictimización de la niña continúa. Con escasas excepciones, los medios de comunicación hicieron gala de la falta de sensibilidad y empatía con la pequeña y su situación. Fueron pocos quienes censuraron el hecho violento que originó los pesares que ella tuvo que enfrentar. La mayoría hizo eco a posturas de doble moral que celebran esta violación del derecho a decidir de las mujeres y niñas, pero que guardan silencio frente a la violencia sexual contra niñas y niños, porque se creen dueños de verdades, dueños de vidas.
La presión de los medios de comunicación ha forzado a la familia a asumir la crianza de la recién nacida. Ninguna niña, adolescente o mujer debe ser obligada a continuar un embarazo producto de violación y menos a asumir una maternidad forzada. El embarazo y la maternidad forzadas son formas de violencia y tortura.