El pasado 1 de julio tenía que ser un día de festejo para la familia Numbela Rocha. Era el cumpleaños de una de las hijas del matrimonio conformado por Pablo y Rosa. Sin embargo, al empezar la jornada, aproximadamente a las ocho de la mañana, un manto de tristeza y desilusión cubrió la casa: Rosa, de 75 años, falleció a causa de una complicación pulmonar y fallas en el corazón.

En ese momento, comenzó la peregrinación de sus hijos para encontrar la forma de darle sepultura al cuerpo. Después de horas de espera, llamadas insistentes y búsqueda de ayuda, consiguieron el certificado de defunción, con un detalle no menos importante: se inscribió la causa de muerte como sospecha de COVID-19, por lo tanto, la familia no puede optar por la cremación gratuita al no estar confirmado el deceso a causa del virus, pero tampoco permiten que entierren el cadáver en un nicho. Hasta ahora, el calvario parece no tener fin.

Aquella madrugada del miércoles, la salud de Rosa se complicó, por lo que sus hijos comenzaron a buscar un centro médico para que reciba atención urgente. Fueron de un lugar a otro, pasaron por varias clínicas privadas y públicas sin tener respuesta. Hasta que, finalmente, falleció en el taxi cuando estaban camino a la Caja Nacional de Salud, donde ella estaba asegurada. “Una verdadera peregrinación y sufrimiento al recibir el rechazo de las clínicas y hospitales”, cuenta Martín Numbela, hijo de Rosa.

Después de percatarse de que la mujer se encontraba sin signos vitales, tuvieron que volver a su casa y llamar a alguna instancia que les otorgue el certificado de defunción. Numbela asegura que intentaron contactarse con el Servicio Departamental de Salud (SEDES), el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC), sin recibir ninguna respuesta. “Todo el día llamamos, nunca llegaron. Nosotros fuimos a la FELCC para recoger el certificado del médico forense. Lo malo es que no quieren poner muerte natural, ni siquiera viendo el historial clínico de lo que padecía mi mamá”, relata.

Como no se tiene constancia del motivo de la muerte, se lo señala como sospechoso de coronavirus. Lo ideal es que se tome la muestra al cuerpo en un tiempo máximo de seis horas desde el deceso. En el caso de Rosa, ese lapso se excedió entre las llamadas y los pedidos de ayuda que hacían los hijos.

"El protocolo de manejo de cadáveres indica que los cuerpos de los sospechosos de COVID deben ser tratados como si fueran casos confirmados, es decir en las bolsas impermeables para su entierro o depósito en nichos, o para su cremación", explicó hace unos días el director del SEDES, Yercin Mamani.

Esta disposición deja en la incertidumbre a varias familias que perdieron a un ser querido los últimos días, debido a que no pueden acceder a la cremación gratuita por falta de un documento que compruebe el caso positivo y, por lo tanto, tienen que pagar 1.004 bolivianos y esperar varios días hasta que el horno crematorio del Cementerio General esté libre. Por otra parte, tampoco pueden proceder a enterrar el cuerpo en un nicho común, la sospecha de COVID-19 lo impide.

Numbela afirma que pidió un espacio en todos los cementerios públicos disponibles, pero solo recibió negativas ante el inminente colapso. La opción de acceder a un camposanto privado se complica para su familia por el alto costo de los lugares. “Es mucho dinero, son 2.500 dólares al contado, no hay ni créditos. Ahora que no hay trabajo, de dónde va a sacar uno el dinero”, indica.

Además, asegura que, en caso de pagar con sus propios recursos la cremación del cuerpo, tienen que esperar hasta el miércoles de la próxima semana. El temor de la familia es que el cadáver comience a descomponerse en la casa donde habitan tres familias, hay varios niños y el padre de Martín es de la tercera edad, tiene 80 años.

Ellos no consideran que Rosa tenía coronavirus, sino que sus problemas de salud y la falta de atención oportuna derivó en su muerte. Numbela asevera que todos de su entorno más cercano están bien y que no tienen síntomas del virus.

“Mucha gente está pasando por esta situación y, de verdad, es un verdadero calvario. Sé de familias que están más de una semana con sus muertitos en sus casas y no saben qué hacer porque el (médico) forense y el IDIF pusieron caso en estudio y no muerte natural”.

La respuesta del SEDES nunca llegó y el examen para saber si el caso de Rosa era positivo o no, quedó en la nada.   

Respecto a las numerosas denuncias de cuerpos que no pueden ser levantados de sus domicilios por falta de atención, Yercin Mamani aseguró que el SEDES solo se encarga de muertes al interior de hospitales. Cuando los decesos se dan en otras áreas se debe proceder el IDIF y, si presentan signos de violencia, la FELCC.

Mientras tanto, las muertes se suman cada día y los casos como el de Martín se multiplican, Los recursos de la familia Numbela Rocha se van acabando, hasta el momento ya dispusieron ocho mil bolivianos, sin lograr el entierro de Rosa.

Ayer, la Alcaldía de Cochabamba dispuso un espacio en el Cementerio General donde abrió fosas comunes y comenzaron a enterrar todos los cuerpos que estaban en espera.

El panorama para la familia de Rosa es desolador. Después de pasar dos días de terror, no hallan una salida. Martín asegura que, si hoy no encuentran una solución, con gran dolor y tristeza, tendrán que enterrar a su mamá en una fosa común.