Una de las principales demandas de los trabajadores fabriles del país que conmemoran hoy 61 años del Día del Fabril es la aprobación de la Ley General del Trabajo como un instrumento que les permita tener mejores condiciones para demandar reivindicaciones y hacer respetar las normas en las relaciones obrero patronales.

A propósito de esta solicitud es necesario recordar que la aprobación de la nueva Ley General del Trabajo se viene dilatando y, al presente, los trabajadores no conocen en qué estado ha quedado el proyecto que incluía algunas innovaciones no sólo conceptuales, sino prácticas para incorporar a importantes sectores que están excluidos de la ley laboral, además de regularizar a otros grupos laborales en la normativa reconociendo derechos que ahora se prestan a diversas interpretaciones, que en vez de beneficiar al trabajador le perjudican o causan controversia.

En la elaboración del proyecto de la nueva Ley del Trabajo, la participación de todos los sectores que tienen que ver con los procesos productivos, es decir, con las diferentes actividades en las cuales concurren empleadores y trabajadores, debía ser necesaria, es decir, que además de las representaciones obreras, la voz de los empresarios es imprescindible para lograr una norma que dentro de las limitaciones, que siempre se dan en la legislación, logre abarcar visiones diferentes para concluir en un cuerpo de ley equilibrado y que favorezca a los trabajadores sin perjudicar los intereses de quienes promueven las inversiones y el funcionamiento de las fábricas.

La nueva Ley General del Trabajo debe corregir deficiencias que se presentan en el escenario laboral del país y que no han sido superadas con algunos decretos aprobados hace algunos meses.

De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) los decretos aprobados por el Gobierno para proteger a los trabajadores no han contribuido de manera satisfactoria en la transformación de condiciones del trabajo y la generación de empleos de calidad y los derechos laborales. Persisten los contratos laborales eventuales, las consultorías personales, no se cumple el salario mínimo, las jornadas laborales son más de ocho horas, el 78 por ciento de los trabajadores no cuenta con seguro médico ni sus empleadores aportan al sistema de jubilación, como tampoco se ejercita el derecho a la organización sindical, al fuero y a la negociación colectiva. Otro dato importante es que el 83 por ciento de los em-pleos es precario.

Estas afirmaciones expresan la realidad del país que hasta el momento no ha logrado consolidar estructuras empresariales fuertes en cuanto a su capacidad de producción, absorción de mano de obra y el consecuente cumplimiento de las normas laborales. En este orden se trata de que el sector privado asuma de una vez por todas el desafío y el compromiso con la producción nacional.

Sin embargo, por otro lado está que el Estado es el que más incumple las leyes y decretos laborales al contratar personal en el marco de la Ley Safco, la Ley de Municipalidades y del Estatuto del Funcionario Público que desconocen los derechos de los trabajadores. Y es verdad, porque quienes prestan sus servicios en la administración pública están desprotegidos de la legislación laboral actual.

En realidad, pese a los avances en la actual legislación laboral, que no se pueden ignorar, aún queda mucho camino que recorrer, tanto en lo que corresponde al sector laboral privado y mucho más en la administración pública en cuanto al reconocimiento de los derechos laborales.