Encapuchados, a bordo de una motocicleta y, ahora, con sus propias camisetas, es como se identifican los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). El grupo de jóvenes nació al calor de los conflictos postelectorales de octubre y noviembre de 2019, bajo las consignas del respeto al voto y las posteriores exigencias de renuncia del entonces presidente, Evo Morales, el cual fue el pedido de gran parte de la población ante las evidencias de irregularidades en los comicios de octubre pasado.

La “Resistencia” extendió su vigencia hasta el día de hoy, justificando la misma bajo la consigna de “protección a la democracia” y a la ciudadanía, además de “acudir a cualquier llamado de la población”.

Sin embargo, esta agrupación se ha visto empañada por la serie de agresiones registradas contra algunos sectores de la población de a pie y trabajadores de la prensa de medios de comunicación.

El politólogo Carlos Cordero señaló que “esas organizaciones ya no tienen sentido, porque la crisis ha sido superada, pero si se mantienen con características de organización militar y violenta están absolutamente al margen de la ley y de la democracia”.

Por otro lado, la asambleísta y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Lizeth Beramendi, indicó que la Resistencia “no tiene por qué desarticularse” y que, por el contrario, tienen derecho a agruparse y organizarse.

Entre algunos sectores que manifiestan estar preocupados por las agresiones en las que miembros de este grupo se vieron envueltos, estuvieron algunos vecinos de la OTB 4 de Noviembre, quienes exigieron el desalojo de las carpas de la Resistencia que, una vez apaciguados los conflictos, continuaban instaladas en la rotonda del barrio. Incluso señalaron que los jóvenes consumían bebidas alcohólicas en el lugar.

El presidente de la OTB Santa Ana de Cala Cala, Armando Pérez, también se pronunció.

“Nos preocupa bastante esta situación. Vamos a solicitar una reunión con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, porque se están generando circunstancias que no dicen nada bueno de lo que sucede en Cochabamba”.

Asimismo, resaltó que durante los 21 días de conflicto postelectoral de octubre y noviembre, fueron todos los vecinos de Cochabamba quienes se movilizaron y no solo unos cuantos.

Son al menos seis denuncias de agresiones las que involucran actos violentos por parte de miembros de la Resistencia en medio de los conflictos, e incluso en situaciones particulares.

Adair Pinto, periodista de radio Potencia Dinámica, denunció que fue apuñalado por un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), la madrugada del sábado, cuando este se encontraba en compañía de sus amigos en un local. Fue entonces cuando el agresor, Roger R., ingresó con un grupo de personas a agredirlo con varias amenazas de muerte.

Cuando el periodista salió del centro nocturno, contó que fue abordado por Roger R. y su hermano. Fue apuñalado tres veces, en el tórax, muslo y en el abdomen. Pinto argumenta que la causa del ataque es la información que el periodista difunde sobre esta grupo en su fuente de trabajo.

Entre otros sucesos, se encuentra la agresión que sufrió la corresponsal del diario Página Siete, María Isabel Mena, el 2 de noviembre en medio de un cabildo en el que se registraron forcejeos entre dirigentes cívicos y miembros de la Federación Universitaria Local (FUL).

El 6 de noviembre, el fotógrafo de la agencia internacional de noticias EFE, Jorge Ábrego, fue amenazado cuando tomaba imágenes de las agresiones de las que la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue víctima. Amenazaron a Ábrego incluso con quitarle la cámara.

El mismo día, periodistas del diario OPINIÓN y de la Red Bolivisión, sufrieron amenazas y les prohibieron transmitir los conflictos en el trayecto a Huayculi. Recibieron insultos en los puntos de bloqueo, especialmente en la avenida Perú y Blanco Galindo.

El 7 de noviembre, una periodista del diario La Razón que intentaba acceder a una entrevista con miembros de la Resistencia, que exigieron ver su credencial y la fotografiaron. Ante la hostilidad, decidió retirarse. En las horas siguientes, circularon imágenes de la reportera en señal de alerta, indicando que “se hacía pasar por periodista”.

El 18 de diciembre, en medio de altercados entre miembros de la RJC y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en puerta de la Asamblea Legislativa Departamental, un miembro de la Resistencia exigió ver la credencial de un trabajador de la prensa, a pesar de que el mismo portaba su identificación en el cuello. Al no ser “obedecido”, el mismo hizo notar que portaba un arma de fuego en la cintura de su pantalón.

El mismo día, periodistas de otros medios locales fueron impedidos, en medio de insultos, de registrar en sus transmisiones los rostros de miembros de la Resistencia.

El 6 de enero, cuando los excívicos Fernando Camacho y Marco Pumari arribaron a Cochabamba, miembros de la RJC formaron un cordón humano impidiendo que la prensa acceda a entrevistar al binomio, en medio de incultos y amagues de agresión física.

El 17 de enero, miembros de la RJC, encapuchados, desalojaron con insultos, gritos y empujones a un grupo de varones y mujeres de pollera de la rotonda de Cala Cala. Justificaron su accionar bajo el argumento de que este grupo habría estado “destruyendo” los “monumentos” del lugar, refiriéndose a una moto quemada que dejaron en dicha plaza.

El último hecho violento registrado, que envuelve a la Resistencia Juvenil Cochala, fue el mencionado apuñalamiento al periodista Adair Pinto la madrugada del sábado.