El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, señaló el pasado jueves que la institución del orden no recibió por parte del Ministerio Público las órdenes de aprehensión en contra de quienes promovieron los bloqueos de agosto pasado.

Ante esa aseveración, Alexis Vilela, fiscal que investiga el caso enfatizó que si se enviaron los documentos el pasado 9 de agosto; sin embargo, fueron devueltos a esa entidad para que sean subsanados algunos aspectos relacionados a los nombres exactos de los denunciados.

“El investigador, en un informe, ha pedido la aclaración de algunos datos en relación a los nombres de estas personas y es por ese motivo que el Ministerio Público está actualizando información a efecto de que se pueda dar cumplimiento a cabalidad con estas órdenes de aprehensión”, señaló Vilela.

El operador de justicia enfatizó que una vez actualizados los nombres de las personas para quienes se libraron los mandamientos de aprehensión, los mismos serán remitidos al investigador para que este a su vez ejecute las acciones conforme manda la norma.

Los bloqueos de agosto fueron convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) a la cabeza de Juan Carlos Huarachi, empero, entre los mandamientos de aprehensión no figura su nombre, pero si de algunos dirigentes de la ciudad de El Alto señaló el fiscal.

“No tenemos orden de aprehensión contra el señor Huarachi, tenemos orden de aprehensión en contra de cinco ciudadanos que por lógica no vamos a dar los nombres por el tema de la investigación, sin embargo, estas personas son dirigentes que habrían tomado parte de estos hechos en la ciudad de El Alto”.

El fiscal enfatizó que para la emisión de los mandamientos de aprehensión, el Ministerio Público se basó en una serie de elementos contemplados en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal que vincula a las personas con los hechos suscitados en agosto pasado cuando se bloquearon carreteras por 12 días, la policía a partir de la próxima semana podrá ejecutar los mandamientos de aprehensión.

Entre los delitos que se investiga en este caso figura el de crímenes de lesa humanidad, según el fiscal.