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Demoran leyes de apoyo a salud y economía frente a la COVID-19

MYTHYL ANTEZANA T. WhatsApp: 76400074 | 07 de julio de 2020

Los efectos de la pandemia en el país obligan a establecer medidas desde la Asamblea Legislativa y el Gobierno. En el último mes se promulgaron seis normativas.

 

Una decena leyes de apoyo a la salud y la economía de la población se encuentran demoradas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en el Gobierno por diferentes circunstancias. Su importancia y urgencia ha derivado en roces entre ambas instancias que se acusan de tener intereses políticos y perjudicar a quienes en este momento se ven afectados por los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el país.

Algunas de estas normativas ya fueron sancionadas en la Asamblea, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), y están a la espera de la promulgación de la presidenta Jeanine Áñez. Otras aún no logran acuerdo entre los diputados y senadores.

Las más avanzadas son la ley que fomenta la donación voluntaria de plasma sanguíneo hiperinmune para el tratamiento del coronavirus (1); y de excepción de arrendamientos que reduce en un 50% el pago de alquileres durante la cuarentena y prohíbe el desalojo (2).

Está pendiente el tratamiento de la ley para garantizar la atención y tratamientos gratuitos por parte del subsector privado de salud durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus y cuyos gastos deberán ser cubiertos por el Estado (3); para regular los precios de los medicamentos en farmacias si el Ministerio de Salud no ejerce un adecuado control (4); y para el control y fiscalización de endeudamiento público y donaciones orientada a que los préstamos públicos externos cuenten con condiciones financieras favorables para el país en términos de interés y plazos (5). Aún está en proyecto y requiere apurarse la ley para la producción y distribución del dióxido de cloro y sean las empresas y los laboratorios bolivianos que se encarguen de su elaboración (6); y para el descuento del 50% en las pensiones (7).

La polémica rodea a la ley para otorgar el 10% del presupuesto para salud (8); la que regula los estados de excepción y limita las funciones de las fuerzas del orden frente a la pandemia (9); y la aprobación de contratos de préstamo para la atención de emergencia sanitaria, es el caso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) (10). Están demoradas por varios meses, en consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y sin lograr consenso.

 

PROMULGACIÓN Entre tanto, seis normas fueron promulgadas en el último mes. Una de ellas por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, y las otras cinco por presidenta Jeanine Áñez.

1)    El 30 de junio, Copa promulgó la ley que coadyuva a regular la emergencia por la COVID-19 y garantiza la estabilidad laboral en los sectores público y privado hasta dos meses después de la cuarentena.

2)    También está la ley que reasigna, a favor de municipios, gobernaciones y universidades públicas, el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para enfrentar la emergencia provocada por el coronavirus.

3)    Una tercera es la Ley 1307 de suspensión temporal y reasignación de recursos del fondo de promoción a la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera (Fpieeh) ante la COVID-19.

4)    Le sigue la Ley 1306 para la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de patrimonio institucional a favor de la Gobernación.

5)    La Ley 1305 que aprueba el contrato de préstamo para el programa “Atención de la emergencia sanitaria causada como consecuencia de la pandemia COVID-19” entre el Estado y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta 50 millones de dólares.

6)    Finalmente, está el decreto supremo que fue elevado a rango de ley y beneficia a los profesionales y trabajadores en salud para desempeñar funciones más allá de las cargas horarias establecidas.

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