La democracia, reconquistada en América Latina después de superar la oscura época de las dictaduras, hoy se ve amenazada desde diferentes flancos, uno de ellos los populismos de derecha e izquierda que, a fuerza de repetir frases que la gente quiere escuchar, fueron ganando espacios políticos muy importantes, desplazando a las estructuras partidarias tradicionales. Munidos de un discurso casi mesiánico, dirigido a la población que se sintió defraudada por promesas no cumplidas de mejores condiciones de vida, ejercicio pleno de sus derechos y fortalecimiento de la democracia, hechas por políticos que luego se pusieron al servicio del capital transnacional y privatizaron cuanta empresa estatal existía, con alto costo social y económico, los líderes populistas, con facilidad, lograron copar los espacios de poder gubernamental, llegando en muchos casos, como el boliviano, a controlar la totalidad de la estructura estatal, incluidas instituciones como la Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas, que formalmente deberían ser independientes de cualquier color político. Otra amenaza que se cierne sobre las débiles democracias de la región es la corrupción, cuyo principal efecto es el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de credibilidad y respeto de los ciudadanos y ciudadanas en y a sus autoridades. Gobernantes, actores políticos y sindicales de casi la totalidad de países de la región enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y otros delitos, poniendo en serio cuestionamiento la promesa de manejo transparente de la cosa pública y la correcta fiscalización. Pero lo que resulta realmente repulsivo es que los delitos denunciados no son investigados con la debida diligencia, para que los/as autores sean procesados/as, sancionados/as y restituyan al Estado lo ilegalmente sustraído. La mayoría de las denuncias queda en la impunidad y, pasada la tempestad, los/as señalados/as continúan su vida ostentando su dinero mal habido.

Otros factores que alimentan el descreimiento en las leyes y la justicia son los espurios arreglos políticos para liberar a exgobernantes condenados por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, tipificadas como delitos de lesa humanidad, argumentando “razones humanitarias”, mismas que no son mencionadas para beneficiar a cientos de personas verdaderamente merecedoras de indulto.

Así, la democracia es minada por dentro y por fuera. Las personas indignadas se movilizan y, al calor de la rabia y la impotencia, cuestionan a todo el sistema político y a las instituciones, y empiezan a sonar voces de añoranza de un pasado indeseable.