Existe quienes creen que la cuarentena por la COVID19 ha jugado el rol de lupa para amplificar las debilidades institucionales del Estado, acentuando las problemáticas, las virtudes y los defectos. Una de esas es la atención que recibe la violencia contra las mujeres de parte del Estado. Con una ceguera de género muy marcada y caracterizada por ignorar los efectos diferenciados de las medidas asumidas en la vida de las mujeres, apenas un par de semanas de haberse declarado el año de la lucha contra el feminicidio e infanticidio, ingresamos al confinamiento, sin haber desplegado un mínimo de medidas para proteger a las mujeres y las niñas, quienes pasarían 24 horas y 7 días de la semana dentro de casa, en muchos casos, con sus posibles agresores.

Durante los 72 días de cuarentena se constató que el hogar es el lugar menos seguro para mujeres y niñas. Se atendieron cerca de 3 mil casos de violencia contra mujeres, más de 500 casos de delitos contra la libertad sexual contra niñas y mujeres (violación y agresiones sexuales). Se conoce que Bolivia es de los países de América Latina con las tasas más altas de feminicidio y violencia sexual. A la fecha se produjeron 54 feminicidios, 24 desde la declaratoria de emergencia sanitaria. Sobrevivieron a la COVID; pero no a la violencia.

A pesar de las alarmantes cifras, se estima que existe subregistro de situaciones de violencia, debido a que los servicios de atención de casos de violencia incluida la línea 800 14 0348, no funcionaron de manera regular, se disminuyeron los recursos (humanos y materiales) de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia – FELCV, cuyos efectivos se destinaron a vigilar el cumplimiento de la cuarentena, y sólo recientemente reasignados a sus funciones. No recibieron insumos de bioseguridad, lo que limitó su accionar para responder a los llamados de auxilio de las mujeres. Adicionalmente, las restricciones de circulación, el desconocimiento de la línea de emergencia y las de WhatsApp que fueron habilitadas, o no contar con internet redujeron las posibilidades de denuncia.

La indiferencia de las instancias estatales ante la violencia contra las mujeres y niñas es una constante; pero también la gran deuda. Los servicios de atención a mujeres que sufren violencia deben ser considerados esenciales. En un contexto post COVID, en proceso electoral, será fundamental demandar propuestas integrales y no sólo demagógicas para avanzar en igualdad de género, prevenir, erradicar la violencia y sancionar a los agresores.