La Red Departamental Yanapanakuna defiende a la población que vive en situación de calle y expone 11 demandas a las autoridades locales para evitar que este sector continúe en alto riesgo a contraer el coronavirus, COVID-19.

Esta red reúne a varias instituciones con el fin de defender los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias que viven en situación de calle, como también de poblaciones de alto riesgo. A través de un comunicado oficial piden la atención de las autoridades.

“Vemos que las Instancias Gubernamentales, Municipales y Estatales no han realizado las acciones idóneas para apoyar y proteger a las personas en situación de calle y de alto riesgo, los cuales se encuentran en un total descuido y expuesto al contagio y a la muerte”, exponen en el pronunciamiento.

Los representantes de diferentes instituciones advierten que esta población se encuentra “en gran riesgo”. Expusieron que las personas en situación de calle no tienen posibilidad económica ni facilidad de asistir a centros médicos, también por “rechazo social” y por el colapso que existe en la actualidad.

Entre los pedidos están la atención inmediata con información de primera mano, planes de prevención, organización y envió de una unidad móvil a estas poblaciones para atender, hacer seguimiento médico e informar sobre la pandemia.

A estos aspectos se suma que el Estado habilite espacios para que estas poblaciones vulnerables puedan acceder a servicios de higiene y cuidados mínimos personales; que se les otorgue espacios donde estos grupos vulnerables reciban una alimentación adecuada con el fin de prevenir una expansión incontrolable de la enfermedad, debido a la mala alimentación (y falta de defensas) que ya tienen; que el Estado asuma su responsabilidad y se encargue de disminuir la crisis a la que estos grupos desfavorecidos están ingresando; que el Estado disponga de ambientes adecuados para el tratamiento de posibles infectados o cuarentenas; y que todas las instancias de Gobierno realicen las acciones tanto de atención, de intervención, y prevención en el marco del respeto a los Derechos Humanos.

Además, entre las demandas se incluye que se vele por los niños y adolescentes trabajadores y sus familias, que ahora no pueden generar ingresos, “y muchas veces sufren hambre”; que se elabore y realice planes de inserción laboral digna para esta población; que se garantice la continuidad escolar, proponiendo planes que eviten la deserción escolar, provocada por la emergencia sanitaria; y un plan de contención efectivo y rápido para evitar el aumento de la violencia en las familias de bajos recursos y los feminicidios e infanticidios.