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Correo y transporte para la teleconomía

Carlos Bellott | Experto en derecho constitucional ligado al régimen competencial y organizacional del Estado

Carlos Bellott | 12 de abril de 2020

La actividad económica que no requiere de presencia física de las personas, como sucede en muchos rubros de servicios y venta de productos, así como en el funcionamiento de los servicios gubernamentales, además de la validez legal del correo electrónico -y de otros medios de telecomunicación formal- y de la firma digital, necesita de un amplio y eficiente servicio de correo y transporte.

Actualmente, el servicio postal en Bolivia, tanto el estatal como el privado, está suspendido. Esto porque se lo considera parte de los servicios no relacionados directamente con la atención del coronavirus. Sin embargo, para la venta de productos por internet y para los servicios públicos y gubernamentales, es necesario que el servicio postal no solo continúe funcionando, sino que se lo potencie con más personal y una amplia cobertura territorial, incluyendo la rural, acompañada de una política de tiempos cortos de entrega y bajo costo. Mediante el servicio postal, se pueden hacer envíos de encomiendas de hasta 20 kg (según la Agencia Boliviana de Correos, AGBC). Por internet podrían hacerse los trámites, y el producto -por ejemplo, cédulas de identidad- podría ser entregado por correo en los domicilios. Esto, con el uso estricto de los implementos y protocolos de bioseguridad, no ocasionaría ningún problema contrario a la cuarentena ni a la poscuarentena.

En el caso de alimentos e incluso otros productos, estos podrían ser entregados a domicilio por las propias empresas y personas que los comercializan, al igual que sucede con el agua en botellón. Así lo están haciendo ya varias iniciativas emprendedoras, en la cuarentena.

Para todo ello es imprescindible también el transporte. Según el Decreto Supremo 4200, el traslado de “artículos de primera necesidad” en vehículos se lo puede hacer las 24 horas y los siete días de la semana, sin restricción, por lo que no se requiere autorización de circulación (art. 7.II). Para el traslado del personal, para el funcionamiento de esas actividades, las propias empresas públicas, privadas, cooperativas, comunitarias o familiares deben ser las que proporcionen las autorizaciones de circulación (art. 7.III). Sin embargo, todo eso no está funcionando sino con muchos obstáculos por la poca información o mala interpretación de la norma.

Donde más problemas hay es en las zonas rurales. Gran parte de los agricultores, en especial los de zonas dispersas, no cuenta con vehículo propio. Muchos productores familiares suelen usar el transporte público, pero está suspendido. Algunos tienen vehículos indocumentados (“chutos”), pero no pueden ingresar a zonas urbanas por el riesgo de que se los incauten. Por la distancia y precariedad de los caminos, contratar un taxi, camioneta o camión no suele ser fácil, más aún si se les pide autorización de circulación indebidamente.

Por lo mismo, es necesario potenciar e implementar un sistema de transporte extraordinario y de amplia cobertura territorial para el tiempo de cuarentena y poscuarentena, que permita un eficaz funcionamiento de la teleeconomía; que posibilite el traslado de todo tipo de encomiendas y la entrega de pedidos a domicilio. Parte de esta política, para el caso rural, debiera ser una tregua temporal para que los vehículos indocumentados puedan ser usados para transportar productos de áreas rurales a zonas urbanas, sin que sean incautados.

Para todo ello, será necesaria la coordinación entre los cuatro niveles de gobierno y sus órganos legislativos y ejecutivos, y con las organizaciones asociativas de productores y de las actividades que deseen emprender en la teleeconomía.

Los bonos alimenticios estatales no serán suficientes para el sustento de las familias, ni para la economía nacional. Es necesario que, pese a la cuarentena total, hagamos funcionar la economía del país, al menos en aquellos rubros en los que sí se puede mediante los mecanismos de la teleeconomía y del teletrabajo. Hay que cuidar en especial la economía alimentaria, ya que, además, los bonos en dinero no se comen.

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