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Comunicación de gobierno en lugar de propaganda particular

Carlos Bellott | Experto en derecho constitucional ligado al régimen competencial y organizacional del Estado

Carlos Bellott | 28 de junio de 2020

Se suele llamar comunicación política o de gobierno a toda la difusión mediática que hacen los distintos niveles y órganos de gobierno del Estado, operada por sus unidades de comunicación. En el caso del Gobierno central, por el que hasta hace poco era el Ministerio de Comunicación, ahora Viceministerio, como articulador de la difusión agendada por las unidades de comunicación de sus demás ministerios e instituciones públicas. Esto en realidad se trata más de propaganda política centrada en la imagen del gobernante que de comunicación de gobierno o política, propiamente.

Lo básico de la comunicación es que, para que sea tal, debe ser de ida y vuelta. Lo que hacen los gobiernos es solo de ida, lo cual se llama información. Pero, si esa difusión está orientada a posicionar la idea de “buen gobernante” en la mente de los ciudadanos/as, es propaganda personal. Para que sea propiamente información de gobierno, esta tendría que estar directamente relacionada con la acción de gobernar, es decir, con la administración pública: la difusión de todo aquello que afecta a la ciudadanía. Se puede mencionar, por ejemplo, la difusión de las leyes y reglamentos que acaban de emitirse y los cambios que estas establecen y que incidirán en el comportamiento de la sociedad o del propio Estado; los servicios gubernamentales que presta ese gobierno y cómo y dónde el ciudadano/a puede acudir a ser atendido, entre otras.

Los productos comunicacionales que difunden los gobiernos por los medios están orientados en gran parte a generar una percepción positiva por parte de la ciudadanía respecto de los gobernantes. En otras palabras, pretenden fortalecer la imagen del político en gobierno. 

Su propósito es llevarlo a un grado de popularidad capaz de hacerle candidato y ser reelegido en los siguientes comicios o, mejor aún, obtener un cargo de mayor poder. Los políticos siempre desean incrementar su poder. Por eso, la aspiración inmediata de un concejal es ser alcalde; la de un alcalde, ser gobernador o presidente. Siempre crecer o, al menos, mantenerse en el poder. Esto ocurre debido a que la finalidad de la mayoría de los políticos es el poder, no la transformación social, ecológica, económica o del Estado. Esto suele servir únicamente como estrategia discursiva para alcanzar o conservar el poder. En tal propósito, en la práctica actual, los gobernantes usan buena cantidad de los recursos públicos para financiar esa propaganda propia, siendo esto legal.

La comunicación política es concebida en ese sentido como propaganda particular, debido al manejo del concepto de política en su acepción de relaciones y luchas de poder, en lugar de en su acepción de políticas públicas. En esta última, la comunicación política o de gobierno es propiamente de ida y vuelta, y apoya al gobernante en la construcción y ejecución de políticas públicas (finalidad de transformación social, ecológica, económica o institucional).

La comunicación en la construcción de políticas públicas es la participación social (efectiva). Hay dos tipos de políticas públicas: las de Estado y las de gobierno. 

Las políticas de Estado son las normas, es decir, los reglamentos, las leyes, los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado (por eso también esta se llama así); las políticas de gobierno son los planes de gestión y su ejecución, por ejemplo, el POA, el Plan Territorial de Desarrollo Integral, el Plan de Desarrollo Económico y Social, etc. (Crespo, 2008). Su ejecución se expresa en los servicios gubernamentales y públicos, obras públicas, etc. 

El art. 241.I de la Constitución dice que todo diseño de política pública debe ser con la participación de la sociedad civil. Implica que esto es parte del debido proceso de elaboración de toda ley, reglamento y plan. Esta participación social es el diálogo y construcción conjunta de la política pública (comunicación) entre las autoridades de gobierno y los/as representantes de la sociedad civil. Esto es el ejercicio efectivo de la democracia participativa, donde el poder de decisión no está únicamente en la ciudadanía, como ocurre en la democracia directa, ni solamente en los representantes políticos, como ocurre en la democracia representativa, sino en ambos.

La comunicación en la ejecución de las políticas públicas implica, al menos, tres componentes: 1) La información de gobierno, que debe ser sobre los servicios gubernamentales, servicios públicos, leyes, reglamentos, etc., que se mencionó anteriormente; 2) La educación ciudadana, que implica trabajar en la modificación de actitudes y comportamientos colectivos favorables a determinados propósitos de calidad de vida, por ejemplo, erradicar la discriminación. Es lo que en las ciencias de la comunicación social se conoce como comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, entre otros denominativos; y 3) El control social, que es el feedback, es decir, la respuesta del ciudadano a la información y educación ciudadana: el control social entre ciudadanos/as y de estos hacia los gobiernos del Estado.

La comunicación de gobierno no es la propaganda particular de los gobernantes, sino la participación social en las políticas públicas, lo que hace, en sí, a la democracia participativa. No es correcto que el diseño legal actual del país continúe permitiendo que los gobernantes usen el dinero de los contribuyentes en su propaganda particular. Si bien es legítimo esto, no lo es si está financiado con recursos públicos. Esto es y debería ser daño económico al Estado, por tanto, delito de corrupción. Actualmente, ese daño no está concebido de esa manera en las leyes. Debería estarlo. 

Es necesario que, como parte de la transformación democrática poscrisis, se cambie la forma de concebir y ejercer la comunicación de gobierno hacia ese sentido de instrumento participativo de la transformación social, ecológica, económica y gubernamental del país.


CARLOS BELLOTT L.

Experto en derecho constitucional ligado al régimen competencial y organizacional del Estado

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