El reclamo que hizo el Gobierno, a través de un comunicado, en contra del jefe de Informaciones de Gigavisión y conductor en el portal Detrás de la Verdad, Junior Arias, que hizo público un caso de presunta corrupción en el proceso de compra de gases lacrimógenos para la Policía con un sobreprecio de más de 14 millones de bolivianos, derivó en las reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Asamblea Legislativa.

La diputada Claudia Mallón acudió al relator especial para la libertad de expresión del organismo internacional, Edison Lanza, por considerar que el documento, en el que el Ministerio de Gobierno advierte que “no descansará” hasta que haya una rectificación, se constituye en una amenaza dirigida al periodista. Ante este hecho, a través de su cuenta de Twitter, Lanza expresó su “grave preocupación” por la respuesta a una investigación periodística sobre presuntos contratos irregulares.

“Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer “guerra sucia” o “guerra política” a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo”, escribió.

También se pronunció el diputado Víctor Borda, quien anunció la ampliación de la investigación del caso respiradores a este nuevo hecho de presunta corrupción y sobreprecio.

“Voy a pedir a la comisión de la Asamblea Legislativa que intervenga también en este caso”, afirmó al programa Detrás de la Verdad.

Por su parte, el Viceministro de Transparencia, Guido Melgar, en conferencia de prensa, dijo que solicitó al Ministerio de Gobierno información detallada respecto a las denuncias para iniciar un proceso de investigación.

“Una vez que nos remitan la información vamos a revisarla”, apuntó.

LOS HECHOS Arias denunció, mostrando documentos, un supuesto sobreprecio en la compra de agentes químicos por parte del Ministerio de Gobierno. En el caso estarían involucrados el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el jefe de gabinete de esa misma Cartera de Estado, Rodrigo Méndez.

Al respecto, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado admitiendo la compra de gases lacrimógenos, pero negó cualquier denuncia de sobreprecio o irregularidades.

“Se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y de las normas, y cumpliendo con absolutamente todos y cada uno de los requisitos que la legislación exige”, explicó.

También anunció que no descansará hasta obtener la rectificación del periodista  Arias.

“Es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas", se advirtió y continuó asegurando que la denuncia “es para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio”.

“Es falsedad, es guerra sucia y es guerra política”, agregó.

Pese a esto, Arias, a través de su portal, continuó aportando datos de la empresa intermediaria. Reveló que no tiene oficinas en Miami y funciona desde una vivienda.

Antes, denunció que la compra se hizo sin licitación a través de un contrato firmado por el ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, y por Brayan B. como representante de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC por 5.649.137,64 dólares (39.317.998 bolivianos).

El programa periodístico reveló una cotización de Cóndor que muestra que el precio que Bolivia pagó al intermediario norteamericano fue mucho mayor.

Como agravante, estaría un presunto tráfico de influencias, pues el padre de la persona que firma en representación de Bravo tiene vínculos de amistad con Rodrigo M., funcionario del Ministerio de Gobierno y muy estrecho colaborador del ministro Arturo Murillo.