El Gobierno y la Asamblea Legislativa activaron, una vez más, la investigación por el caso respiradores con una lista de más de una veintena de personas de la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el expresidente Evo Morales, y cerca de una decena de funcionarios del actual Gobierno como la canciller Karen Longaric y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.

El viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, informó ayer que se solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación en contra de Morales, la exministra de Salud, Gabriela Montaño y su hermano Carlos Romero, además del dirigente sindical y candidato de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, entre otros.

La solicitud se formalizó el lunes 29 de junio ante el Ministerio Público que deberá determinar si son autores mediatos o cómplices tras que la Policía reveló contactos telefónicos que tuvieron los implicados en el caso. Son acusados por el presunto sobreprecio y corrupción que derivó en los delitos de organización criminal y enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación del Estado.

"Estas investigaciones nos dan indicios de que las personas mencionadas estarían detrás del caso de los respiradores, por lo que la denuncia se ha ampliado por el presunto delito de autoría mediata", afirmó Melgar, según ABI. 

CRONOGRAMA Por otro lado, la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Adquisición de Respiradores, Insumos y Equipos de la Lucha contra el COVID–19 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene previsto convocar, en una primera instancia, a nueve personas para que expliquen su participación en la compra irregular.

“Se hizo el cronograma y la lista de investigados que vamos a llamar. En esta primera etapa serán aquellos privados de libertad y luego los que no son reclusos, pero que necesitamos información por parte de ellos. En este momento el primer grupo será de nueve personas”, dijo el senador, Ciro Zabala, presidente de dicha comisión.

En la lista que fue aprobada por los miembros de esa instancia fiscalizadora se encuentran los funcionarios del Ministerio de Salud: Fernando Valenzuela, Giovanni Pacheco, además de Ana Fernanda E., Gabriela P., los exministros Aníbal Cruz y Marcelo Navajas, la canciller Karen Longaric, el cónsul Alfredo Pareja y el embajador Mohammed Mostajo.

“Se presentó toda la documentación enviada a aquellas personas o instituciones que tienen algo que ver y fue trabajada en función de la información expresada en general por la prensa y se aceptó los cuestionarios y las cartas enviadas”, agregó en la sesión de ayer.

Aun no se tiene fecha para el inicio de las entrevistas, toda vez que recién se enviará las convocatorias, además que se debe realizar los trámites ante el Órgano Judicial para que los privados de libertad puedan prestar sus declaraciones.

Un segundo grupo de entrevistados saldrá de la documentación que se solicitó al Ministerio Público, la Procuraduría y la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

LOS HECHOS El 19 de mayo, los entonces directores generales de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovanni Pacheco, fueron aprehendidos por su vinculación en la compra de 170 respiradores de la empresa española GPA Innova.

Ambos fueron enviados con detención preventiva a la cárcel junto al exministro de Salud Marcelo Navajas, quien después se benefició con la detención domiciliaria. La cuarta persona en ser aprehendida por ese caso fue el empresario Luis Fernando Humérez, que se presentó como “testigo clave” y en las investigaciones se determinó que era intermediario y tenía contactos con el MAS. La semana pasada fue aprehendido el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja.

Desde el Ministerio de Justicia también pidieron incluir al responsable de elaborar las especificaciones técnicas de la AISEM, Roberto V.; y el ejecutivo de GP Innova de España, Iñaki G. En la solicitud suman a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria; al vicepresidente del MAS de Cochabamba, Orlando Zurita; el exoficial mayor de la Cámara de Diputados, Luis Fernando Vía; el alcalde Colcapirhua, Mario Severich; el exministro Saúl Lara; el alcalde de Cliza, Walter Illanes; el expresidente del MAS, Rimer Agreda y Rafael V. y Javier M.

El 25 de junio, la Policía reveló que Humérez se contactó en reiteradas oportunidades con el expresidente Morales, exautoridades y dirigentes del MAS.

En tanto, según las investigaciones preliminares, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud se contactó con el hermano de Montaño, el cónsul de Bolivia en Barcelona, el director de la AISEM, el exministro de Salud y el “testigo clave”.

El Viceministro aclaró que todos los funcionarios que estaban en el Ministerio de Salud, cuando ocurrieron los hechos irregulares para la compra de los respiradores, pertenecían al gobierno del MAS.

"Ante esto, estamos ante un posible complot para hacer quedar mal al Gobierno y de aprovecharse de los recursos del Estado producto del sobreprecio (en la compra de los equipos)", alertó Melgar.

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