Las investigaciones en el caso del Abogado del diablo, Jhasmany T.L., avanzan. Oficialmente hay cuatro víctimas que formalizaron denuncias contra él, pero se sabe que existen al menos 20 que aún no han acudido a la Fiscalía para adjuntar sus causas.

La primera víctima que se animó a sentar denuncia fue el mecánico Juan Antonio C., quien conmovió a la ciudadanía cuando mostró las fotografías de las torturas y lesiones que le causó un grupo de "abogados y policías"  que lo secuestró y lo obligó a firmar un documento reconociendo la devolución de devolución de 20.000 dólares por el anticrético de su taller.

El mecánico había iniciado un proceso ejecutivo en contra de los dueños del inmueble porque no le devolvían su dinero. Ellos optaron por contratar a la consultora Leclere y Asociados. Uno de los socios del bufete, Wilder G., se encargó de preparar y de firmar los documentos, pese a que no es abogado, y junto a Jhasmany T.L. y el resto de los miembros de la consultora, del secuestro.

El mecánico quedó profundamente traumatizado por los toques eléctricos, los ahogamientos, los golpes y las amenazas recibidas de que violarían a sus hijas si él los denunciaba. Llorando, clamó ayuda, a través de OPINIÓN, a los ministros de Justicia y de Gobierno, porque se dio cuenta de que la Policía y varios jueces “protegían al bufete”. Tampoco hallaba abogados que quieran defenderlo por temor a Jhasmany.

Las autoridades de Gobierno se interesaron en el caso y prometieron defensores del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepadavi) e instruyeron una profunda investigación. Así, la Fiscalía logró dar con la segunda víctima: Julián T., el padrastro del abogado. Juristas, expolicías y un informático irrumpieron en su casa para torturarlo, amenazarlo de muerte  y con violar a su nueva esposa, si denunciaba. El hombre fue despojado de la casa por la que trabajó 35 años, de su camioneta y de sus equipos de costura, tras ser obligado a firmar documentos reconociendo una deuda inexistente de 100.000 dólares y en los que nombraba heredero a su hijastro, pese a que este tiene otros cuatro hermanos de madre.  Allí el bufete montó su nueva sede. La tercera víctima es Eddy O., un vendedor de baterías que no había podido pagar una deuda de 11.800 bolivianos al distribuidor René P.P.

Este último contrató a Jhasmany para recuperar esa deuda y otras tres, de diferentes comercializadores de baterías. Eddy O. aparece en un video siendo golpeado para entregar el dinero e “intereses”. La víctima del segundo video no ha formalizado denuncia hasta la fecha, pero es buscada por los investigadores al haber evidencias de su pacedimiento.

Según la abogada del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi) Lucy Mejía, otra persona se presentó para pedir resguardo. Se trata de un empleado administrativo de una universidad que hizo el seguimiento de un proceso abierto por la institución contra Diego L.N., integrante del grupo de Jhasmany T.L., por haber estafado a estudiantes a los que cobraba cursos de diplomado a nombre de dicha casa de estudios superiores.

El 5 de marzo de 2018, el empleado fue citado en una oficina con engaños. Diego L.N. y su esposa le dijeron que les debía 11.000 dólares por los daños causados con las denuncias. Jhasmany ingresó a la oficina, lo amenazó con matar a toda su familia y lo obligó a reconocer la falsa deuda.



CONSORCIO En el proceso por consorcio de jueces, vocales, fiscales, abogados y policías, las víctimas son múltiples. Por ejemplo, las hermanas asesinadas Gloria y Peggy Adriázola cuyos crímenes no hallaron justicia porque la sentencia de 30 años de cárcel contra Omar Adriázola y Alejandra Saavedra Barroso fue anulada tras una apelación del abogado de la última, Jhasmany T.L., en complicidad con dos exvocales que solo firmaron la resolución elaborada por el director de Leclere y Asociados.

También figura como víctima Janett Jhoselin Aguilar, que según la Fiscalía fue asesinada por su esposo Félix P.C., el Choko Burguer. Este contrató a Jhasmany y él habría pagado a una exvocal, para confirmar su libertad con medidas sustitutivas.

Otras víctimas son las personas que sufrieron el robo de una caja fuerte en Sacaba. Jhasmany pagó para que un exvocal liberase al único sospechoso, un delincuente prontuariado, El Kachilo. Fueron víctimas los integrantes de la familia Zegarra. Dorcas V. intentó apropiarse de tiendas de una anciana de 84 años y los hijos se opusieron. Dorcas contrató a Jhasmany, quien irrumpió junto a sus cómplices en las tiendas y agredieron a la adulta mayor y a otros parientes. El hijo abogado de la mujer logró revertir lo sucedido y la denuncia fue abandonada por la edad y el delicado estado de la propietaria del inmueble. Dorcas, la cliente de Jhasmany, es una comerciante que viaja a Chile y que contactó al abogado con los sicarios israelíes que iban a matar a la fiscal Faridy Arnez.

De acuerdo a las declaraciones de algunos miembros de la consultora jurídica, que ya fueron aprehendidos, existen muchas otras víctimas: un tramitador de visas que fue secuestrado en La Paz y que entregó su vehículo a Sergio O.A. por una estafa; un ingeniero que fue plagiado en Oruro y traído a Cochabamba para obligarlo a firmar papales y entregar su camioneta a cambio de una deuda; algunos deudores en Santa Cruz de un hombre conocido como El Daddy que contrataba a Jhasmany para recuperar su dinero; la Gobernación de Potosí, además de otros tres deudores de baterías, que también fueron golpeados.

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Prófugos

1.- Christian O.A., El Garrote.

2.- Johnny, alias El Chino Montecinos

3.- Brayan R.

4.- Dorcas V.

Además, existen otras asistentes de Jhasmany (entre ellas una venezolana) y abogadas que son investigadas.