El hacinamiento en las cárceles del país es un tema de larga data. Hace un año se informó que el índice ya alcanza al 330%, por lo que las autoridades de entonces ratificaron la construcción de tres prisiones que ayudarían a paliar esta problemática. En marzo de 2019, el exviceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que se construirían tres centros modelos que cumplan con los estándares internacionales: uno en Chonchocoro, La Paz; otro en Arani, Cochabamba, y uno en Palmasola, Santa Cruz.

Pese a la necesidad que existía y al riesgo que presentaba la gran cantidad de reclusos en recintos improvisados y  vetustos, la anterior gestión de Gobierno no priorizó la construcción de esas infraestructuras. 

Sin embargo, esto puede cambiar luego de la decisión que ha tomado el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien firmó ayer un convenio interinstitucional con el alcalde de Cochabamba, Iván Tellería, para la transferencia de los predios del centro penitenciario San Antonio a nombre del ministerio. La finalidad es que más adelante la cartera monetice dichos terrenos para la construcción del complejo penitenciario, que se tiene previsto realizar en el municipio de Arani.

Sin duda, este es un avance, que esperemos permita acelerar la concreción del complejo penitenciario, donde se prevé el traslado de los reclusos de San Antonio y parte de San Sebastián, dos reclusorios que albergan a más de 2.000 personas.

Ojalá, el anuncio no quede simplemente en papeles, como en anteriores oportunidades ha sucedido. Recordemos que el tema de construir una moderna prisión en Arani, no es de ahora. 

En mayo de 2017, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, hoy recluido en el penal de San Pedro, La Paz, también había hecho el anuncio de construir una prisión en ese municipio y recordó que un año antes suscribió un convenio de transferencia de 15 hectáreas de terreno con la alcaldía de Arani e incluso indicó que el estudio de preinversión y diseño final del proyecto fue asumido por la Gobernación de Cochabamba.

Destacamos que el Gobierno busque mecanismos para contar con los recursos suficientes y consolide la prisión que albergará a unos 1.800 reos. Lo mismo deberá hacer con la anunciada implementación de manillas electrónicas, que desde hace años se dijo que se haría, pero hasta ahora no existe nada. 

Las cárceles siguen hacinadas y con múltiples problemas, que las convierten en una bomba de tiempo.