Hace cuatro meses que se suspendieron las labores educativas en los colegios fiscales y privados en el país para prevenir el contagio del coronavirus. Fue una de las primeras acciones que decretó el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, tras conocerse los dos primeros casos de personas que dieron positivo a la COVID-19.

Fue una decisión acertada, ya que la presencia masiva de estudiantes en las aulas, sobre todo en las unidades educativas estatales, representaba un alto riesgo para los miles de estudiantes de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria). Sin embargo, es seguro que nadie se imaginó que la pandemia sería tan letal, al punto de obligar a las autoridades gubernamentales a mantener la prohibición de que los niños y adolescentes vuelvan a los colegios.

Lo observable es que el Gobierno no haya tenido, ni tenga, a estas alturas, un plan para hacer frente a las clases bajo la modalidad de virtual o usando otros soportes como los medios de comunicación estatales, en los lugares donde no hay señal de celulares o no existe acceso al servicio de internet.

Como era de esperarse, los colegios privados, en la mayoría de casos, no perdieron el tiempo y, tras conocerse el receso, comenzaron a habilitar plataformas e incluso usaron el WhatsApp para que los estudiantes continúen pasando clases. Lamentablemente, eso no sucedió con los establecimientos educativos fiscales.

Después de más de tres meses de suspensión de clases, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó que estaban capacitando a los profesores para la enseñanza virtual; asimismo, anunció que gestionaba convenios con ENTEL, BoliviaTV y radios estatales para que se “reinicie” el año educativo 2020. También dio a conocer que reglamentarían las clases que se están dando a través de plataformas.

La semana pasada, el Ministro dio a conocer la reglamentación de las clases virtuales e informó que ahora el tiempo será medido por trimestres y no bimestres. Asimismo, que el año educativo terminará el 22 de diciembre.

El domingo, Cárdenas volvió a sorprender anunciando que todos los estudiantes pasarán el año, nadie será desaprobado y que estudian la posibilidad de cerrar el año escolar. Como era de esperarse, las reacciones a tal información fueron, en su mayoría, de rechazo.

¿Será que con esa medida el Gobierno pretende justificar su incapacidad para manejar el tema educativo en la pandemia? No solo tiene problemas para que se defina cómo será el dictado de las clases, sino que, ahora, los profesores también se oponen a las clases virtuales. A eso se suma la demanda de los padres de familia de colegios privados que exigen un descuento en las pensiones del 50% y no aceptan el porcentaje dado por el Ministerio de Educación (de 6% a 25%).

Ante este panorama, es importante que las autoridades del Ministerio de Educación convoquen a todos los actores para dialogar y de forma concertada asuman decisiones. No pueden seguir con improvisaciones. No puede seguir en incertidumbre el futuro de miles de estudiantes.

Es bueno mencionar que en los países vecinos, las clases presenciales también fueron  suspendidas desde marzo, pero, los estudiantes pasan clases virtuales y los gobiernos definieron los contenidos, les entregaron equipos de computación a maestros y estudiantes que no tenían y, en algunos casos, también utilizan los medios de comunicación para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Acciones 

No pueden seguir con improvisaciones. No puede seguir en incertidumbre el futuro de miles de estudiantes.