Esta semana Asoban, a través de su Secretario Ejecutivo, ha pedido al actual Gobierno de transición ajustar la norma que regula las tasas de interés en la otorgación de créditos en el sistema financiero nacional. 

Según Asoban el sistema financiero esta estable, pero el crecimiento de la mora, que fue del 15% en 2019,  preocupa a las entidades financieras y atribuyen este incremento a la  actual normativa y a la desaceleración económica. La morosidad en los créditos al sector productivo y vivienda social se incrementó un 29% en el mismo periodo.

Como se sabe la actual normativa bancaria, a partir de  la promulgación de la Ley No 393 de Servicios Financieros, obliga a los bancos a colocar con tasas reguladas el 60% de su cartera en sector productivo y vivienda social. 

Según Asoban, antes de la promulgación de la ley 393, la rentabilidad de los bancos era del 16% y esa cifra en la actualidad se ha reducido a un 13%.

A este incremento de la mora y el decremento de la rentabilidad bancaria se suma la reducción del ritmo de crecimiento de la cantidad de nuevos prestatarios anuales que paso de 135.000, entre 2011 y 2013, a 30.000, entre 2014 a 2018, lo que evidencia una afectación a la inclusión financiera, según el secretario ejecutivo de Asoban.

Desde esta columna en repetidas ocasiones advertimos que la actual normativa no permitía una gestión adecuada del riesgo crediticio ya que los bancos por estrategia no pueden concentrarse en un solo riesgo, es decir “poner todos los huevos en una sola canasta”.  

Más bien las buenas prácticas recomiendan la diversificación de la cartera crediticia por línea de negocio, por tipo de sector y por región. 

Menos aún hacer colocaciones significativas en un sector productivo que en épocas de crisis o desaceleración tienen menos “juego de cintura”, para reinventarse, que el sector comercio o de servicios.

En el periodo, 2013 al 2018, la cartera de créditos de las instituciones financieras destinados al sector productivo se ha incrementado de 3.300 millones de dólares a 11.000 millones de dólares, un crecimiento de 7.700 millones de dólares que equivale a un crecimiento del 234%. Monto de créditos destinados a los sectores de agricultura, hidrocarburos, minería, industria, energía eléctrica, construcción, turismo y producción intelectual. 

Sectores productivos cuya participación en el PIB, según cifras del INE en el periodo 2013 al 2018, han tenido un incremento moderado y algunos han decrecido y que hoy por la desaceleración económica están afectados. 

Estas medidas, del anterior gobierno, para impulsar y cambiar la matriz productiva en el país siempre fueron incompletas y no tuvieron el impacto que se buscaba. Más bien han expuesto a mayor riesgo al sistema financiero. Y es que la intención de hacer un cambio de matriz productiva va más allá de solo favorecer con créditos a los sectores que lo componen. 

En ese momento, era necesario también mejorar el acceso a mercados internacionales; promover la innovación empresarial con la incorporación de mayor tecnología, investigación y desarrollo; promover la inversión privada brindando mejores condiciones de seguridad jurídica; desarrollar las capacidades y habilidades de gestión de las empresas; reducción o eliminación del contrabando; etc.

Con una norma que  no ha cumplido su objetivo de cambiar la matriz productiva  y que, además, incomoda a un  sector importante como el financiero, es el momento para considerar sus ajustes o de darle un “carpetazo” definitivo.