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Yo apoyo la Unión libre

Cecilia Chacón |

Cecilia Chacón | 30 de julio de 2020

Viven como pareja hace años, compartiendo los gastos de la vivienda, la comida, las medicinas pasando buenos y malos momentos juntos; sin embargo el Estado les niega  la opción de afiliar a su pareja al seguro social,  recibir una pensión o heredar  en caso de muerte tan solo por ser una pareja del mismo sexo. 

El debate por la legalización del matrimonio  igualitario ha invisibilizado la desprotección patrimonial existente ante la muerte o separación de las parejas, la falta de acceso al seguro de salud y el desconocimiento  de la pensión en caso de muerte. Vulneraciones que no toleraríamos si estuviésemos hablando de parejas heterosexuales en estos tiempos. 

La  violación a los derechos civiles  es tan evidente que una de las voces más conservadoras en Colombia, el expresidente Uribe, en relación a este debate, dijo:  “matrimonio, no; adopción, no; derechos patrimoniales, si; seguridad social, si”. 

Así, a  través de las sentencias C-811 de 2007 y C-336 de 2008 de la corte constitucional colombiana,  se reconocieron los derechos de afiliación en salud y de pensión de sobreviviente para las parejas del mismo sexo.

A principios de este mes, en horabuena, la Sala Constitucional Segunda de La Paz anuló una resolución administrativa emitida por el Servicio de Registro Cívico (Sereci),  que rechazaba el registro de la unión entre David y Guido, argumentando que el Art. 63.II de la Constitución y el Código de las Familias solo autorizan las uniones libres de parejas heterosexuales.  La unión libre  permite establecer derechos y obligaciones de tipo personal y  patrimonial entre los convivientes. 

Los vocales coincidieron en que esa resolución era lesiva de los derechos humanos, al no adecuarse a los estándares de protección más alta y progresividad establecidos por la corte interamericana, y al omitir que la constitución reconoce rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. 

Como señaló una magistrada colombiana, estas decisiones representan un avance histórico en la garantía y vigencia de los principios constitucionales de dignidad humana, libertad e igualdad, porque no se puede concebir  un régimen verdaderamente democrático sin respeto a la diversidad e inclusión social. 

ABAJO Y A LA IZQUIERDA

CECILIA CHACÓN R.

Feminista y concejala por la ciudad de La Paz

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