La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, pidió hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) modificar "en el menor tiempo posible" la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Para la Presidenta, la norma beneficia únicamente a los "criminales y agresores" y genera más dolor "a las víctimas y familiares".

"La ley 1173 beneficia a los agresores. Abre las puertas de las cárceles a presuntos feminicidas, depredadores sexuales de niños y agresores de mujeres que, al salir de su encierro, buscarán a sus víctimas para asesinarlas (...)  Las leyes de amnistía solo han beneficiado a los criminales, más del 90% de los acusado por narcotráfico están libres, es inaceptable", aseveró Áñez en conferencia de prensa.

Asimismo, la Jefa de Estado cuestionó que la norma señala que "son las víctimas y el Ministerio Público" quienes deben reunir las pruebas de que los denunciados no tienen domicilio, trabajo ni familia para que se les dé su detención preventiva.

"La ley indica que la detención preventiva solo puede durar seis meses cuando en realidad este tipo de procesos suele terminar al cabo de dos o tres años, en algunas ocasiones es de más tiempo", criticó también la Presidenta.

Asimismo, señaló que con la Ley no cambió el sistema de administración de la justicia, ya que la misma sigue colapsada.

"Estuve informada que un fiscal meneja 850 casos promedio en cuanto duren estos mismos (...)Uno de los problemas más serios es que ha sido hecha sin tomar en cuenta los requisitos para ejecutarla y no se ha considerado la situación real de las mujeres", agregó.

En ese sentido, Áñez especificó que pide a la Asamblea modificar algunos artículos y derogar algunos otros, amparándose en su "sensibilidad con el derecho de las mujeres".

Entre las modificaciones que plantea la Presidenta, está los cambios a los artículos 69 y 75 de la norma, con el fin de establecer que la policía tiene la obligación de promover los mecanismos legales y técnicos que garanticen la permanencia del personal especializado para investigar los delitos.

"Si hubiera remoción del personal policial solo será aplicada de manera excepcional", señaló.

Asimismo, pide la modificación del artículo 231 y la derogación del artículo 389 título cuarto, referido a las modificaciones al procedimiento común.

La Ley 1173, aprobada durante la gestión del anterior Gobierno, según información oficial, tiene como objeto "reencauzar la justicia en el país por medio de la pronta y oportuna resolución de procesos penales, reducir el abuso de la detención preventiva, profundizar la oralidad, evitando la revictimización y brindar protección especial a las víctimas de violencia".

Durante su aprobación, el exministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que la norma tiene seis ejes claves.

El primero se centra en la simplificación de notificaciones, donde las partes estarán registradas en un buzón electrónico para ser notificadas. "Ya no se malgastará tanto tiempo y dinero para que un documento llegue a manos de un abogado o de su defendido".

El segundo eje hace alusión al límite de la detención preventiva y hechos investigativos, ya que la lógica del sistema debe, principalmente, presumir la inocencia de la persona acusada.

El tercer eje, afianza la oralidad. Los procesos serán orales en un 100 por ciento y serán registrados en audio/video. El sistema antiguo será anulado.

La suspensión de audiencias es el cuarto eje evitará suspender audiencias indiscriminadamente. Los jueces que lo hagan serán sancionados.

Arce explicó que con el quinto eje "54 delitos graves serán de conocimiento de un tribunal de tres miembros; el resto de delitos será atendido por tribunales unipersonales. Esto dará la celeridad procesal que el pueblo boliviano tanto necesita".

El último eje se enfoca en la complementación de la ley con el fortalecimiento de la Ley 348 de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.