El Gobierno de la presidenta transitoria Jeanine Áñez busca recuperar activos, dinero y otros bienes de 592 exautoridades del Órgano Ejecutivo de la gestión de 14 años del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus familiares. Asimismo, se incluyó a las máximas autoridades ejecutivas de entidades y empresas estratégicas como  Fondioc, Emapa, BoA, Mi Teleférico y otras.

La lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) incluye al expresidente Evo Morales y sus hijos Evaliz y Álvaro, según informó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra tras una reunión con el grupo Star Gira.    

Explicó que se hará una verificación de las declaraciones juradas, las cuentas bancarias, la compra de inmuebles y todo lo que permitió mejorar su patrimonio, con el objetivo de descartar o evidenciar el lavado de dinero.  

La autoridad, en una entrevista con Página Siete, advirtió que en los últimos meses hubo grandes movimientos de dinero y algunos exfuncionarios pusieron sus inmuebles a nombre de otras personas, lo que llama la atención.

"En la última década, al que no estaba de acuerdo se le iniciaba todo tipo de investigaciones para tratar de sacarlo de la arena política o matarlo civilmente. Desde este Ministerio, haremos un trabajo para saber qué pasó con los servidores públicos en los últimos 14 años. Debemos dar señales de que podemos hacer las cosas de diferente manera ya que no podemos perseguir por perseguir o por política", señaló, según ANF.

En el encuentro de alto nivel, se decidió iniciar las investigaciones en el marco de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, según ABI.

El director general de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutschel, calculó que las exautoridades manejaron más de dos billones de bolivianos y que cometieron delitos de corrupción, pues desviaron los recursos públicos y los derivaron a otros países donde actualmente están refugiados.    

El grupo Star Gira fue creado en 2007 por la Cancillería, la Procuraduría, la Fiscalía, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Ministerio de Justicia con el auspicio del  Banco Mundial (BM) y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). El grupo trabaja con los países en desarrollo y los centros financieros para evitar el lavado de dinero producto de la corrupción y para facilitar la devolución sistemática y oportuna de los activos robados.