La cuarentena total de más de tres meses que fue impuesta por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez para frenar la propagación del coronavirus, afectó severamente a la economía de Cochabamba y el país.

En los últimos meses, miles de personas están quedando desempleadas debido a que decenas de empresas se han visto obligadas a cerrar, porque no tienen los recursos económicos suficientes para reflotarlas, tras las más de 12 semanas que tuvieron que suspender sus operaciones por el aislamiento.

Nadie puede cuestionar la medida gubernamental, ya que estaba destinada a precautelar la salud y la vida de los bolivianos. Sin embargo, las acciones que las autoridades debían realizar en ese tiempo para evitar un mayor impacto negativo no solo en el ámbito de la salud, sino también de la economía, no fueron a la par.

El primero de mayo, la Presidenta anunció una serie de medidas destinadas a generar fuentes de trabajo y reactivar el aparato productivo en todo el país. El 24 de junio aprobó varios decretos, entre ellos el que respalda la creación del Programa Directo de Empleo, que prevé “brindar oportunidades laborales temporales” a los que perdieron su trabajo. Estará a cargo del Fondo Nacional de Inversión Pública (FPS) en coordinación con el Ministerio de Trabajo, las alcaldías y las gobernaciones.

También está en ejecución el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) II, que cuenta con un financiamiento de 19 millones de dólares y prevé la generación de unos 11.000 puestos de trabajo en todo el país.

El PAE apoya a técnicos y profesionales mayores de 18 años que tienen o no experiencia laboral, pero que están desempleados. Subvenciona el salario del trabajador que llega a una empresa tras un proceso de selección.

El jueves, el Ministerio de Trabajo, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco), la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) firmaron un convenio interinstitucional para la reactivación de la economía y del empleo en el departamento y el país.

El ministro de esa cartera de Estado, Óscar Mercado, dijo que con la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Empleo, el Gobierno está incentivando la inserción laboral y está apoyando a los empresarios con la subvención de la carga salarial.

Por su lado, el presidente de la FEPC, Javier Bellott, destacó el convenio, como el inicio de un proceso de reactivación económica en la región y el Bolivia.

Esperemos que en el menor tiempo posible se pueda abrir los espacios para que los miles de desempleados tengan la oportunidad de acceder a una fuente laboral, sobre todo, ahora que los efectos de la crisis económica generada por la pandemia y por los conflictos de octubre del año pasado comienzan a sentirse con fuerza en la Llajta.

Si bien la cantidad de empleos ofertados no serán suficientes para la gran demanda que hay en el departamento, el Ministro también señaló que del éxito que se tenga con el Programa depende una posible ampliación con un nuevo financiamiento de los organismos financieros internacionales.

Asimismo, es importante que el Gobierno, fundamentalmente, difunda los requisitos para acceder a ambos planes y los desempleados puedan tener un empleo sin burocracia y lejos de cualquier condicionamiento político.