Médicos, bioquímicos, enfermeras y personal de salud son el puntal de lanza para socorrer y atender a todos los pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19, a sabiendas de que exponen sus vidas por cumplir su deber.

Trabajan arduamente y lo menos que merecen es ser víctimas de agresiones y discriminación, por el hecho de ser personal de salud. Pero, la realidad muestra que existen personas que no entienden este tipo de trabajo, en la actual coyuntura, y cometen agresiones contra este sector, amparados en el miedo a contagiarse el virus.

Claro ejemplo es lo que vivieron, en esta semana, los médicos cochabambinos Claudia Flores y Roly Valdivia, quienes fueron víctimas de ataques verbales, psicológicos e, incluso, físicos.   

Tras conocerse estas denuncias por los medios de comunicación y las redes sociales, las agresiones fueron repudiadas por la población. Por su parte, el Colegio Médico de Cochabamba -a través de un comunicado y de su presidente Edgar Fernández- manifestó su apoyo incondicional a ambos galenos y anunció medidas institucionales y jurídicas contra los agresores.

“Estas acciones no solo dañan la dignidad del profesional médico, sino se constituyen en la comisión de hechos delictivos que ponen en peligro su integridad física”.

Muchos se preguntan si los ataques que sufrieron Flores y Valdivia están tipificados como delitos en la legislación boliviana. Para aclarar estas dudas, el abogado Martín Sotelo realizó un análisis de cada caso y anticipó que los agresores se enfrentan a una sanción de hasta cinco años de cárcel.

Acoso y violencia psicológica

Dos días antes de que se declare la cuarentena, la médico cirujana Claudia Flores se trasladó junto a su esposo y sus dos hijos de 3 y 13 años a un departamento en el edificio Majestic, ubicado en la calle 16 de julio. Lo que sospechaba era que las últimas tres semanas se convertirían en una experiencia amarga y dolorosa.

Desde los primeros días que habitó en ese lugar sintió una mala predisposición de la administradora del edificio, quien comenzó a hostigarla por el hecho de ser médico, según relata la afectada.

“Por mi profesión tengo que salir constantemente de la casa. Eso no le gustó a la señora. Me imagino que cree que voy a traer el virus al edificio”, dice con un tono de amargura. “Convenció con mentiras a los copropietarios y a la dueña de mi departamento para que pidan mi desalojo. Es injusto para todos en mi casa tener que vivir esta situación por el hecho de ser una profesional de la salud”.

Sobre este tema, el jurista Martín Sotelo sostiene que la Constitución Política del Estado en su artículo 19 determina que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda, con un derecho aleatorio previsto en el artículo 25 en el entendido de que existe el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

Por lo que, en este caso, la doctora Claudia Flores puede interponer un amparo constitucional, previsto en el artículo 128 de la CPE, solicitando que se le cautele sus derechos a la vida, a la propiedad privada y al trabajo, que están siendo vulnerados por la administradora y copropietarios del edificio.

Flores también podría iniciar una acción penal por la comisión de los delitos de Discriminación y Perturbación de la Posesión (inmueble) previstos en los artículos 281 y 353 del Código Penal, cuya sanción oscila entre uno y cinco años de cárcel.      

Agresión física en el trabajo

Roly Valdivia Paniagua es médico de planta del hospital Carmen López de Aiquile. Hace unos días, mientras estaba en pleno ejercicio de sus funciones, sufrió la agresión física y verbal del comisario municipal, quien –al parecer- le exigía que dejé de atender a un paciente para atender a otro que estaba fuera del hospital.

Un cámara de seguridad al interior del hospital captó el momento en el que Valdivia, que estaba vestido con traje de bioseguridad, es interpelado y empujado por el funcionario municipal.

De acuerdo a Sotelo, el médico sufrió un atentado contra la libertad de trabajo, delito tipificado en el artículo 303 del Código Penal, cuya pena es de uno a tres años de reclusión. Asimismo, también fue víctima de un acto de discriminación cuya sanción varía de uno a cinco años.