En nuestro país se legalizó la interrupción del embarazo en 1973, cuando este fuere producto de violación o cuando amenazare la salud de la mujer que gesta. Sin embargo, el primer aborto, consecuencia del abuso sexual, fue ejecutado por sentencia judicial 43 años después, en 2015. Si en la práctica la interrupción del embarazo en la situación menos polémica, todavía es cuestionada, ¿cuánto trabajo de información y socialización queda por hacer?

El objetivo del aborto legal no es reducir la pobreza o la delincuencia en el largo plazo ni subsanar la carencia de anticoncepción y educación sexual. Y aunque el aborto legal daría lugar a infancias más felices y queridas gracias a una maternidad deseada, el asunto principal es que las mujeres, como clase sexual, llevamos siglos luchando por tener autonomía sobre nuestros cuerpos, es decir, sobre nuestras vidas.

Desde que nace, toda mujer es bombardeada con imágenes, enseñanzas, cuentos, leyendas, religiones, canciones, películas y todo tipo de símbolos que le graban en lo más profundo de su sexo, que ella primero será virgen, luego será esposa de un hombre, luego tendrá a sus hijas e hijos. En las primeras señales de civilización, acordes con la creación del patriarcado, empezó a crecer la apropiación y acumulación de bienes, ya sean alimentos, territorios o cuerpos. También se percataron de que las nuevas generaciones eran totalmente dependientes de las mujeres. Fue entonces cuando la apropiación de la capacidad sexual y reproductiva se volvió fundamental para lograr el dominio sobre los territorios y bienes. Adicionalmente, para que las mujeres se apeguen a su condición de propiedad, se empieza a romantizar la maternidad.

Esta lógica de poder mediante el control sobre la reproducción perdura hasta nuestros días porque perpetúa los privilegios para una clase sexual sobre la otra. En la sociedad patriarcal, todas las instituciones funcionan bajo este modelo, pero en los últimos años, la más misógina que tuvo influencia sobre las leyes estatales, fue la Iglesia católica. Sí, Bolivia es un Estado laico, pero el fundamentalismo religioso pesa más que la dignidad de toda una clase sexual históricamente oprimida.

La condena para las mujeres que se practican un aborto es de uno a tres años en prisión. Como está grabado en nuestros cuerpos que es una abominación no querer un hijo, el personal de salud tal vez no denuncie, pero sí insulta, sí desea el mal, sí deja a las mujeres retorcerse de dolor, las mira desangrarse y suplicar ayuda, porque tienen bien aprendido que una mujer que no cumple con su rol, merece un castigo que le recuerde su lugar en este mundo.

Para algunas personas, la vida del embrión deja de importar en caso de violación. ¿Será porque la mujer ya recibió suficiente disciplina al ser abusadas sexualmente? Aun más, grupos mal autodenominados “provida” repiten que un embrión importa más que esas niñas. Éste es un atentado directo sobre la vida de las mujeres y niñas, tanto de parte de estos grupos de religiosos como de parte del personal médico que, contra lo que establece el código penal, se niegan a practicar abortos a las niñas, cuyas familias van en busca del cumplimiento de su derecho legal.

Por si fuera poco, la imposición de la culpa está presente en todo el proceso. El mito del síndrome post aborto no tiene sustento científico, la única relación entre el aborto y la culpa es el patriarcado. Una mujer que es adecuadamente acompañada, sin violencia misógina, solo siente alivio al interrumpir un embarazo no deseado. Los derechos de las mujeres nunca están asegurados, pero si nos aliamos unas a otras, la lucha será más llevadera, no para apaciguarnos, sino para sostenernos.

FORO FEMINISTA

MARÍA ALEJANDRA BARJA S.

Estudiante de Ingeniería Económica y activista feminista

[email protected]