La Central Obrera Boliviana (COB), los mineros de Huanuni y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se pronunciaron ayer respecto al paro médico movilizado que se cumple desde el viernes exigiendo la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

Los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) están en contra de la medida de presión que afecta la atención de pacientes, en medio de la lucha contra el coronavirus COVID-19.

Entre tanto, el Gobierno, que invitó a los galenos a participar de la reglamentación de la norma, volvió a convocar al diálogo en medio del conflicto que tiende a agravarse tras el anuncio de radicalizar las medidas.

Asambleístas del MAS alistan para hoy una inspección de hospitales con el objetivo de conocer los efectos de la medida y pedir sanciones.

EMERGENCIA

Los trabajadores mineros de Huanuni y de la CSUTCB se declararon en estado de emergencia en defensa de la norma y en repudio al paro médico que califican de político y empresarial en favor de las clínicas privadas.

La COB pidió a los profesionales en salud “reflexionar” y levantar las medidas. También instó a los maestros y cocaleros no sumarse a las protestas, reportó ABI.  

El ejecutivo Juan Carlos Huarachi, dijo que hoy, en un ampliado nacional, se analizará el plan de contingencia contra la COVID-19, la coyuntura política y el paro.

El vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que el paro no recibió apoyo de la población, por lo que esos sectores, en base a un relato falaz, se aproximaron a corrientes políticas desestabilizadoras que pretenden volver al escenario de 2019, cuando se gestó el golpe de Estado.

Agregó que, pese a ello, el Gobierno está dispuesto a reanudar el diálogo siempre y cuando las conversaciones se realicen de manera sincera y abierta.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, indicó que se elaborará un informe que será remitido al Ministerio de Salud para que se cumpla con las sanciones que establece la Ley de Emergencia Sanitaria que rige en el país desde el 17 de febrero. Según el artículo 36, las multas van desde Bs 117.5  hasta Bs 23.500.