292 guardaparques vigilan el 17 por ciento del territorio
06 de abril de 2018 (20:26 h.)
Las 22 áreas protegidas nacionales, administradas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), abarcan el 17 por ciento del territorio boliviano y son vigiladas por 292 guardaparques, quienes cumplen con su trabajo (conservar la diversidad biológica y cultural del país) en medio de limitaciones y escaso material logístico.
Son datos recientes, actualizados a marzo de 2018. Es importante conocerlos para cualquier fin (útil o inútil). Corresponden al informe de gestión de 2017 del Sernap, presentado públicamente la semana pasada. En el mismo resaltan que tuvieron tres grandes limitaciones para cumplir sus objetivos la gestión pasada: 1) Recursos financieros insuficientes 2) Personal insuficiente y 3) Gobernanza débil en las áreas protegidas.
La limitación financiera es un problema no resuelto en la última década, o más años, lo cual repercute en la falta de insumos para las tareas de los guardaparques e incluso en la disminución del número de estos guardianes, en algunas áreas en 70 por ciento . En 2017, contaron con un presupuesto aprobado de 73 millones de bolivianos del cual ejecutaron el 82 por ciento . No me quedó claro el porqué no se llegó al 100 por ciento .
En 2017, el Sernap trabajó con 494 funcionarios, 415 en las 22 áreas protegidas (directores, jefes de Protección, guardaparques, administrativos, asesores legales, serenos y personal técnico) y 79 en su unidad central (directores, personal técnico de planta, eventuales y consultores). El número de consultores en línea (44) dobla el número del personal técnico de planta.
Es importante tener claro que el objetivo del Sernap es conservar el patrimonio cultural de las áreas protegidas y su entorno, y contribuir al desarrollo sostenible, regional y local. Para cumplirlo organizaron su trabajo en siete operaciones. Una de ellas fue formular nuevas normas como el Plan Estratégico Institucional PEI 2016–2020 articulado y en concordancia con el Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente. El mismo incluye el objetivo de eliminar la pobreza extrema y revertir sus causas estructurales, tomando en cuenta el cambio climático global y la armonía con la Madre Tierra… Es indispensable conocerlo a detalle, tiene cuatro pilares y cuatro metas.
Otra línea de trabajo se concentró en la consolidación de la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas (APs) y la gestión integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Elaboraron cinco reglamentos de gestión de turismo donde se incluye el Sistema de Cobros (Sisco) que se aplica en el REA, Amboró, Torotoro, Sajama, TIPNIS, Pilón Lajas y Madidi. Los ingresos por este sistema aumentaron en 18 por ciento con respecto a 2016. En 2017, se recaudó 22 millones de bolivianos. Además, a través de 21 acuerdos y convenios lograron un apoyo financiero por valor de 3.9 millones de bolivianos.
Estos son algunos de los datos develados públicamente. Claro que hay más, pero el espacio de esta columna no alcanza para mencionar todo. Eso sí, resalta el trabajo de los guardaparques en todos los ámbitos: vigilando, fiscalizando, sofocando incendios, combatiendo el tráfico de fauna y flora; y así la lista es larga. Lo que no se mencionó en este informe público fueron los megaproyectos que amenazan a esa flora y fauna, a las comunidades indígenas. ¿Por qué será?
Son datos recientes, actualizados a marzo de 2018. Es importante conocerlos para cualquier fin (útil o inútil). Corresponden al informe de gestión de 2017 del Sernap, presentado públicamente la semana pasada. En el mismo resaltan que tuvieron tres grandes limitaciones para cumplir sus objetivos la gestión pasada: 1) Recursos financieros insuficientes 2) Personal insuficiente y 3) Gobernanza débil en las áreas protegidas.
La limitación financiera es un problema no resuelto en la última década, o más años, lo cual repercute en la falta de insumos para las tareas de los guardaparques e incluso en la disminución del número de estos guardianes, en algunas áreas en 70 por ciento . En 2017, contaron con un presupuesto aprobado de 73 millones de bolivianos del cual ejecutaron el 82 por ciento . No me quedó claro el porqué no se llegó al 100 por ciento .
En 2017, el Sernap trabajó con 494 funcionarios, 415 en las 22 áreas protegidas (directores, jefes de Protección, guardaparques, administrativos, asesores legales, serenos y personal técnico) y 79 en su unidad central (directores, personal técnico de planta, eventuales y consultores). El número de consultores en línea (44) dobla el número del personal técnico de planta.
Es importante tener claro que el objetivo del Sernap es conservar el patrimonio cultural de las áreas protegidas y su entorno, y contribuir al desarrollo sostenible, regional y local. Para cumplirlo organizaron su trabajo en siete operaciones. Una de ellas fue formular nuevas normas como el Plan Estratégico Institucional PEI 2016–2020 articulado y en concordancia con el Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente. El mismo incluye el objetivo de eliminar la pobreza extrema y revertir sus causas estructurales, tomando en cuenta el cambio climático global y la armonía con la Madre Tierra… Es indispensable conocerlo a detalle, tiene cuatro pilares y cuatro metas.
Otra línea de trabajo se concentró en la consolidación de la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas (APs) y la gestión integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Elaboraron cinco reglamentos de gestión de turismo donde se incluye el Sistema de Cobros (Sisco) que se aplica en el REA, Amboró, Torotoro, Sajama, TIPNIS, Pilón Lajas y Madidi. Los ingresos por este sistema aumentaron en 18 por ciento con respecto a 2016. En 2017, se recaudó 22 millones de bolivianos. Además, a través de 21 acuerdos y convenios lograron un apoyo financiero por valor de 3.9 millones de bolivianos.
Estos son algunos de los datos develados públicamente. Claro que hay más, pero el espacio de esta columna no alcanza para mencionar todo. Eso sí, resalta el trabajo de los guardaparques en todos los ámbitos: vigilando, fiscalizando, sofocando incendios, combatiendo el tráfico de fauna y flora; y así la lista es larga. Lo que no se mencionó en este informe público fueron los megaproyectos que amenazan a esa flora y fauna, a las comunidades indígenas. ¿Por qué será?