Desde que el Gobierno central anunció el pago de bonos para aliviar el acceso a la alimentación por parte de las familias durante la cuarentena, los bancos y otras entidades financieras del país se han llenado de gente, con extensas filas que se conforman, en muchos casos, desde la noche anterior, para lograr alcanzar a cobrar en las escasas horas que se atiende. Esto no solo constituye una vulneración al derecho a una atención eficiente y segura, sino también contraviene los reglamentos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para la atención a los usuarios -como la espera máxima de media hora- y la prohibición de aglomeración, por parte del propio Estado. Es responsabilidad de este garantizar las condiciones de eficiencia y seguridad en la atención del pago de los bonos que otorga, en la situación de cuarentena que se vive.

El Gobierno central, en coherencia con la política de prevención contra la pandemia (DS 4200) y del teletrabajo (DS 4218), debería instruir la explotación al máximo de la banca electrónica disponible para pagar los bonos y rentas. En el país se cuenta con la banca por internet, la banca móvil, la billetera móvil, las terminales de venta (POS), la banca telefónica y los cajeros automáticos (ATM), que funcionan sin dificultades relacionadas a seguridad y eficacia. Por internet y teléfono móvil es posible realizar el trámite de beneficiario del bono o renta. Los ciudadanos deberían poder usar sus celulares para sacar fotos y enviar los documentos de respaldo e incluso conectarse por video si es necesario (DS 4218 Art. 12). Banca por internet, la banca móvil y la billetera electrónica pueden usarse para realizar transferencias de dinero, por lo que es posible realizar el pago de bonos y rentas por esos canales. En caso de los dos primeros, a alguna cuenta que tenga el beneficiario en cualquier entidad financiera. En caso de que no, puede usarse la billetera electrónica que funciona con cualquier línea de teléfono celular (Entel, Tigo y Viva), como la conocida Tigo Money.

En el país, el 93% de la población cuenta con cobertura de servicios financieros (ASFI, 2020) lo que implica que también tiene acceso a cajeros automáticos. En 234 municipios (69% de los 339 existentes), hay al menos una entidad financiera funcionando. Existen 12 millones de cuentas de ahorro activas (ASFI, 2019). Asimismo, el 87% de la población tiene conexión a internet, el 97% tiene acceso a la telefonía móvil y el 93.7% de toda esa gente con internet se conecta por teléfono móvil (ATT, 2020). Toda esa cobertura de servicios financieros y de telecomunicación debería explotarse para el trámite y el pago de los bonos y rentas por banca electrónica.

Si bien el trámite y la transferencia del bono en dinero podrían hacerse por los canales no presenciales de la banca electrónica, la obtención del dinero en efectivo requiere un canal presencial. La gente podría ir a recoger el dinero de un cajero automático o de un Punto Viva, Entel o Tigo, según el caso. O simplemente gastarlo en compras con tarjeta, ya que el dinero estaría en su cuenta. Sin embargo, las entidades pagarían en efectivo únicamente a la gente que no tiene cuenta bancaria o línea de teléfono celular, la cual es una ínfima minoría, aunque tal vez un poco más si se cuenta a quienes se resistirán a usar la tecnología financiera (Fintech) para cobrar, por ser algo nuevo y desconocido. Aun así, la banca electrónica ayudaría contra la saturación de los servicios financieros presenciales. Si bien algunos ciudadanos estarán limitados a salir a sacar el dinero al cajero automático los medios días permitidos según la terminación numérica de las cédulas de identidad, por lo que podría haber filas, quienes están autorizados para salir sin limitación podrían hacerlo las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo cual evitaría las filas. Sobre todo, los grandes sacrificios que muchos beneficiarios hacen al dormir desde noche antes para cobrar el bono o renta.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia está de acuerdo con usar el Fintech para el pago de bonos y rentas (La Razón, 16/04/2020), sin embargo, según una fuente, La Vitalicia y la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo no estarían de acuerdo por su exigencia de verificación de documentos de identificad en físico. Esto más parece una resistencia a dejar el papel por parte de sus auditores que por una real imposibilidad, ya que se cuenta con una base de datos (por la integración del sistema al SERECI, SEGIP, INFOCRED, INFOCENTER, etc.) y tecnología suficientes para garantizar la seguridad tanto de la identidad de los beneficiarios como de las transacciones. La saturación de la atención en entidades financiera se irá incrementando en las próximas semanas por el inicio de pago de los demás bonos y rentas, por lo que la banca electrónica se hace mucho más urgente. El sistema financiero es mucho mejor que recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas -como al parecer están considerando- para abastecer la demanda de servicios para el pago de bonos. 

El Gobierno central está obligado a dotar las condiciones de seguridad y eficacia necesarias y coherentes con las restricciones por la cuarentena en el pago de los bonos y rentas, por lo que es fundamental que impulse la aplicación de la banca electrónica para ello, dejando de lado los mitos del papel en la seguridad financiera. No hacerlo implica una evidente contradicción con sus propias políticas contra la pandemia y del gobierno electrónico.