La propuesta del vicepresidente Álvaro García Linera de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para endurecer las penas a los violadores y autores de infanticidios con cadena perpetua ha generado posiciones divididas en el ámbito político, jurídico y de defensa de los derechos humanos.

Al senador de Demócratas Arturo Murillo manifestó que el planteamiento está “camuflando” el tratamiento de los ajustes a la Carta Magna para conseguir más bien la repostulación del presidente Evo Morales.

“No es una novedad lo que pasa con las violaciones y los infanticidios en el país y sería vergonzoso que se use un tema tan sensible y que duele a los bolivianos, con otros objetivos”.

Sin embargo, el legislador manifestó que si la propuesta es sincera y se toca con exclusividad este tema estaría de acuerdo en apoyar una cadena perpetua.

El senador del Movimiento Al Socialismo y miembro de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, Efraín Chambi, mencionó que respeta la propuesta de la segunda autoridad más importante del país, pero no cree que con esto se resuelva el problema. Calificó la medida como exagerada.

Reclamó la falta de atención de parte de las autoridades municipales y departamentales para el cumplimiento del Código Niño, Niña y Adolescente y e incluso de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y reconoció que se hace muy poco trabajo desde la prevención, por parte de estas autoridades.

Sobre las intenciones de que esta propuesta sea desviada a otro propósito político como el de buscar la reelección, expresó su negativa. Rechazó que el tema haya sido sacado a la luz con otros fines.

Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, el tema de fondo también es buscar una posibilidad de habilitación para el Presidente a las elecciones en 2019.

Si bien el único mecanismo para buscar la cadena perpetua es la modificación de la Carta Magna estima que la intención final no es esta, sino más bien vincular el tema a la reelección.

El representante departamental del Defensor del pueblo, Nelson Cox, expresó su desacuerdo total con el planteamiento.

Dijo que Bolivia no puede ser un país regresivo y modificar la CPE incumpliendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales.

“Lamentablemente, se generan falsos debates en la colectividad con una mirada draconiana del derecho, no se está abordando el problema de una manera responsable. Deberíamos ver más temas preventivos”.

Para el Defensor el debate debería centrarse en la prevención y la falta de políticas para evitar estos delitos.

Indicó que en los países donde se aplica esta medida, como Estados Unidos, los altos índices de violencia no han disminuido y que el resultado es el mismo en todo el mundo.

“Con las cárceles no vamos a resolver el tema de los probables agresores que están en las casas, en las unidades educativas y en la calle. Lo que debe haber es un cambio en el sistema de protección de derechos humanos”.

El presidente del Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba, César Cabrera, tampoco está de acuerdo con la propuesta e indicó que lo que se debe hacer un estudio a profundidad de lo que está pasando en el país.

Según el jurista, la oportunidad que tienen las parejas de divorciarse de una manera más fácil, por las modificaciones que se hicieron al Código de Familia ha desestructurado a la base principal de la sociedad. “Los menores están más expuestos a ser víctimas de cualquier delito o a ejercer la delincuencia porque no son criados por su progenitores como debería ser”, expresó.