El decreto 236/2015 por el cual se interviene la AFSCA y la AFTIC y el contenido de la conferencia de prensa ofrecida el miércoles por el ministro Óscar Aguad son dos manifestaciones de cómo traduce el Gobierno de Mauricio Macri el respeto a la “institucionalidad” y el “diálogo”. Si para el discurso del PRO la aceleración de la inflación se llama “sinceramiento de precios” y “estar con vos” se transcribe en la represión a trabajadores que reclaman por sus derechos en el espacio público, la pretensión de acabar por decreto con leyes aprobadas democráticamente por mayorías legislativas es una clara manifestación de abuso de poder, aunque esto surja de un Gobierno elegido democráticamente.

Está claro que Macri y su equipo –como le gusta decir– han decidido gobernar por decreto y amparados en el hecho (circunstancial para la cuestión fundamental de la democracia) de que el Congreso se encuentra en receso. El “decretazo” puede analizarse desde diferentes perspectivas. Sin pretender agotarlas en estas pocas líneas puede decirse, en primer lugar, que la determinación del Poder Ejecutivo va en línea con lo antes señalado. Macri y los suyos están dispuestos a cambiar la orientación política del país “a como sea”, sin respetar ni las normas ni atender a que casi la mitad del país que no acompañó su propuesta. Quienes se llenaron la boca con la institucionalidad y la seguridad jurídica proceden de manera impune contra la misma contando, en muchos casos, con la connivencia de una Justicia que es cómplice o se hace la “distraída” y con medios de comunicación dominantes que actúan como secuaces del poder, omitiendo información o brindando solo aquella que favorece a las acciones del PRO gobernante.

El avance contra la AFSCA y la AFTIC es un pago de favores a los medios de comunicación concentrados que trabaron durante años con chicanas judiciales la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y es la apertura al negocio de las transnacionales de la comunicación bajo el pretexto de la actualización tecnológica y la convergencia. La medida es también un ataque a los medios chicos, comunitarios, alternativos, a las cooperativas de los pueblos medianos y pequeños, porque todos ellos serán marginados del negocio de las comunicaciones, pero, lo que es más grave, de la posibilidad de ofrecer miradas alternativas y voces plurales en el escenario de la comunicación (...).

Justicia cómplice o distraída y medios de comunicación que ocultan información y niegan la pluralidad mientras se silencian voces opositoras son también condiciones para garantizar el ajuste económico social que ya comenzó a ejecutar el macrismo.

Todo en la misma línea. Se designan por decreto jueces de la Corte Suprema y por decreto se atenta contra el derecho a la comunicación por el cual la sociedad argentina luchó durante años, por el cual se movilizaron organizaciones sociales, comunitarias, políticas, de derechos humanos. Nada de eso importa porque lo esencial es favorecer a los “amigos” y “socios” del poder.

Lo descripto es parte de la “revolución de la alegría” prometida por el PRO. Así es como el Gobierno de Mauricio Macri y la nueva derecha argentina nos estás diciendo a los argentinos cómo entienden la democracia, el republicanismo, el diálogo, la participación y la seguridad jurídica. Esta parece ser la concreción de “gobernar para todos” anunciada por el Presidente. ¿Qué otras cosas debemos esperar?