Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 04 de agosto de 2021
  • Actualizado 06:30

Consenso de Montevideo

Consenso de Montevideo
Los representantes de 38 países suscribieron el “Consenso de Montevideo”  instando a los gobiernos de la región a que evalúen la posibilidad de cambiar sus legislaciones sobre el aborto.

El objetivo principal del acuerdo es salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de interrupciones de embarazos.

La I Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto en Montevideo, ratificó que la vigencia del estado laico es una condición indispensable para el ejercicio del derecho de las mujeres, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas.

Los países asistentes se comprometieron a invertir más en juventud, especialmente en educación pública, e implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales, dando prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia, así como a tomar medidas para garantizar un envejecimiento de calidad.

Los acuerdos de Montevideo fueron calificados como un avance en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en El Cairo en 1994.

Activistas de Católicas por el Derecho a Decidir consideran que el siguiente paso es que esto “se plasme en voluntad política y en presupuestos suficientes para que todo lo que se ha logrado funcione realmente y haga carne en la vida de todas las mujeres de América Latina y el Caribe”.

El liderazgo de Uruguay en materia de derechos sexuales y reproductivos dio la pauta para un debate menos panfletario y con menos de ideologías.

Los avances del Brasil sobre la protección del Estado a las víctimas de violación y el acceso a la Píldora del Día Siguiente contribuyeron a impulsar políticas públicas de protección a la mujer y no enfrentarse a las confesiones religiosas.

Ojalá que las recomendaciones de la I Conferencia sobre Población y Desarrollo de Montevideo sean tomadas en cuenta por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Esa instancia debe responder a una acción de inconstitucionalidad planteada por la diputada Patricia Mancilla Martínez (MAS) en contra de 12 artículos del Código Penal, tres de los cuales (263, 266 y 269) se refieren al aborto y establecen penas a quienes los efectúan. Están en juego los derechos y la salud de las mujeres.