D  esalojos violentos, disparos de guardias privados, incendios, deforestación ilegal, fumigaciones con agrotóxicos, racismo, falta de tierra, agua y comida, pero abundancia de sequías e inundaciones son algunos de los problemas urgentes que acechan a las comunidades indígenas de Paraguay, además de la covid-19. Ni cazar palomas pueden porque los detienen.

La pandemia se suma a estos asuntos, sigilosa, pero imparable. Al menos 259 integrantes de 14 de los 19 pueblos indígenas que viven en Paraguay están contagiados, y 26 han muerto, según datos actualizados al 22 de enero.

Entre septiembre y octubre del año pasado, el fuego arrasó más de 6.900 hectáreas de bosques en el territorio del pueblo mbya guaraní, una de las cinco naciones guaraníes de Paraguay. Las comunidades perdieron preciadas y extensas áreas de bosque nativo, fuente de alimento, de medicina tradicional y de espacio espiritual. El 27.6 % de las 493 comunidades indígenas del país carece de tierras propias, según el censo de 2012.

Aunque la covid-19 no es el mayor de sus problemas, ya hay 70 comunidades en riesgo, los 259 casos confirmados −142 hombres y 117 mujeres− y 26 personas fallecidas, la mayoría en el Chaco: 21 de los 26 decesos ocurrieron en esta zona, según el mapa elaborado por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas en Paraguay (FAPI).

El país tuvo una tasa de positividad baja en relación con otros países entre los meses de marzo y junio del 2020, en parte debido a las medidas de cuarentena total decretadas por el gobierno, que fueron flexibilizadas a mediados de mayo. A partir de ese momento, la curva de contagios comenzó a aumentar. Hasta el 12 de marzo 2021, el gobierno ha reportado 175.827 casos de infectados, 3.411 muertos y 145.470 recuperados.

El impacto de la pandemia es considerable entre la población rural −especialmente la indígena−, debido al deficiente y debilitado sistema sanitario público y, sobre todo, a las condiciones de pobreza y exclusión preexistentes. Unas 81.000 personas indígenas      vivían en situación de pobreza en 2017        −el 66.2 % de la población indígena total−, de las que la mitad se encuentra en situación de pobreza extrema, según datos oficiales de la Encuesta de Población.

La comunidad Tekoha Sauce, del pueblo ava guaraní, habita su territorio ancestral en el área silvestre protegida de la hidroeléctrica Itaipú, la de mayor producción del mundo y que Paraguay comparte con Brasil sobre el río Paraná. Pero, son como ocupas en su propia casa. La represa intenta desalojarlos por vías jurídicas e intimidaciones físicas.

Durante la cuarentena, los guardaparques ingresaron a la comunidad sin protección sanitaria adecuada, exponiendo a contagio a la población indígena, principalmente a los niños y niñas y las personas mayores, según destaca el informe “Impacto de la covid-19 en los pueblos indígenas”, de la FAPI y otras organizaciones.

Además, algunos funcionarios públicos han exigido a la comunidad que no desarrolle su economía tradicional (caza, pesca y recolección) porque se trata de un área protegida, desconociendo la vigencia de la Ley 234/93, que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

A las 17 familias de la comunidad Guyrapaju, también ava guaraní, pero del departamento de Caaguazú, las desalojaron a la fuerza de sus tierras ancestrales el 7 de agosto. En un procedimiento irregular, supuestos propietarios ingresaron a la comunidad junto a seis personas armadas con grandes escopetas. Estos civiles expulsaron a la gente sin la Fiscalía o la Policía. Los líderes comunitarios solicitaron la intervención del Gobierno para recuperar al menos sus viviendas.

Otra comunidad ava guaraní asediada es Cerrito de Arroyo Guazú en el departamento de Alto Paraná. Decenas de policías pasaron dos días en el asentamiento intentando desalojar a 70 familias, pero la comunidad resistió y no lo lograron. Actualmente, existe un litigio sobre la titularidad del territorio y están contemplando pedir ayuda a organizaciones internacionales a fin de precautelar sus derechos.

A los también ava guaraní de la comunidad Veraro, en Canindeyú, los atacan constantemente guardias privados de los ganaderos y sojeros vecinos sin que el gobierno intervenga. Están, literalmente, invadidos por ellos. El 10 de agosto, un joven de 19 años fue interceptado por los guardias privados, quienes lo golpearon y dispararon en el pie con una escopeta del calibre 12. Aún no hay detenidos por el ataque.

Por su parte, el pueblo mbya guaraní corre una suerte parecida. La comunidad Jaku’i Guasu, del departamento de Itapúa, fue arrasada el 19 de octubre por civiles armados de la empresa Agro Toro, en un violento desalojo efectuado sin orden judicial, según denuncian las familias afectadas. Apenas tuvieron tiempo para sacar sus pertenencias. Sus viviendas fueron destruidas y los pobladores quedaron a la vera del camino, viviendo de la caridad pública.

El 16 de diciembre ardía el sol de las tres de la tarde en otro asentamiento rural mbya guaraní de casas de madera y lona que se llama Loma Piro’y, en Caaguazú, cuando unos 35 hombres con escopetas y picanas eléctricas aparecieron por sorpresa.

Golpearon a hombres, mujeres y niños, varios quedaron con los brazos fracturados. Quemaron sus casas, su pequeña iglesia y su escuela. Robaron sus teléfonos y su comida. También sus animales. Los agredidos son un centenar de personas indígenas que viven en sus tierras ancestrales. Los asaltantes no han sido detenidos.

“Nos salvamos porque trabajamos juntos para ser autosuficientes”, cuenta César Centurión, comunicador y educador indígena mbya guaraní, de 27 años, de la comunidad Ypeti Tajy (Pico de pato en guaraní), departamento de Caazapá.

“En nuestro departamento no hubo asistencia médica, ni técnica, sobrevivimos gracias a nuestra agricultura. No tenemos casos de Covid-19 porque hemos estado aparte”, explica Centurión. 

Su mayor preocupación en estos momentos es la contaminación que generan sus vecinos sojeros. Su comunidad está rodeada por sojales inmensos que son constantemente rociados con agroquímicos que vuelan hasta sus casas, contamina su agua y sus animales. “Nos contaminan a nosotros a nuestros arroyos, nuestra familia”, afirmó durante una entrevista este enero.

EL CHACO, UN MUNDO APARTE

En la mitad occidental de Paraguay, el Chaco, la situación de necesidad también es común para la mayoría de sus habitantes nativos.

Por ejemplo, en la comunidad La Patria, del pueblo angaite, aunque no hay nadie afectado por covid-19, unas 5.000 personas están casi sin comida porque las inundaciones en su zona les impiden salir de sus asentamientos.

“No contamos con presencia de autoridades. Solo dos veces, el año pasado, vino la Secretaría de Emergencia Nacional con provisiones. Ahora vienen inundaciones y no tenemos   nada”, aseguró, en una entrevista en enero, Derlis Navarro, de 20 años, comunicador de la Asociación Angaité para el Desarrollo Comunitario de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

“Estamos sin salida, varias aldeas ya no tienen acceso. Hay casas inundadas, familias que tuvieron que abandonarlas y buscan refugio. Pedimos a las instituciones responsables que cumplan con el pueblo como el pueblo cumplió con el gobierno”, destacó Navarro.

Los ayoreo totobiegosode son el único pueblo indígena en aislamiento voluntario en América fuera de la Amazonía. Recibieron, por persona, medio kilo de alimentos no perecederos como toda ayuda estatal en los cinco primeros meses de crisis económica y sanitaria. La pronunciada sequía les ha obligado a comprar agua por primera vez en su historia y solo han recibido el acompañamiento de la Fiscalía en una ocasión en toda la pandemia, pese a que han denunciado nuevas invasiones en su territorio durante este período.

Así se han convertido en guardianes forzados de su bosque, luchan para proteger miles de árboles de la tala ilegal, que se ha incrementado en medio de la crisis mundial provocada por la covid-19.

“Hay una lógica de que todo pare, menos el sector privado, que sigue siempre con la idea de producir y producir. Y la deforestación va de la mano”, señala Tagüide Picanerai, de 30 años, hijo del actual líder de los ayoreo totobiegosode, Porai Picanerai, de la comunidad de Chaidí, ubicada en el Alto Chaco, más cerca de la frontera con Bolivia que de Asunción, la capital paraguaya.

Chaidí significa “refugio” en su idioma materno, porque es donde se ha ido quedando en los últimos 20 años la mayoría de los que fueron expulsados del bosque por misioneros y militares. 

Esta comunidad vive en lo que los antropólogos llaman “situación de contacto inicial con la sociedad envolvente”, que somos nosotros: los periodistas, los ganaderos, los madereros, los misioneros, los capitalinos, el Estado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las sectas, las inmobiliarias, los inversores extranjeros…

En el Bajo Chaco, más cerca de Asunción, la comunidad de Cerrito del pueblo qom vive un conflicto provocado por una controvertida ONG local llamada Fundación Paraguaya que ha promovido un monocultivo de eucalipto en sus tierras sin el consenso de todos los líderes, provocando que hasta una lideresa fuera agredida por otras mujeres convencidas de apoyar el proyecto de la ONG.

“Tuvimos que echar un tractor que estaba arando nuestra tierra sin nuestro consentimiento. No queremos sus plantaciones de eucalipto, queremos defender nuestra agua y medioambiente, por nuestros niños y jóvenes”, enfatiza Bernarda Pessoa, la lidersa qom agredida. 

Pessoa suma a la preocupación por esto a la covid-19 y a la sequía que afecta a este territorio desde hace casi un año.

Un hombre de la aldea Tarzo Amyic, del pueblo enlhet norte, en el departamento de Boquerón, salió a cazar palomas para llevar comida a su familia, ya que desde el inicio de la cuarentena no habían recibido los alimentos prometidos por el gobierno.

Se adentró un poco en la inmensa propiedad de un ganadero menonita, cazó un par de pájaros y se fue. Cuando salía de la estancia llegaron policías y comenzaron a dispararle. Fue arrestado y conducido a la comisaría donde permaneció más de tres horas. Le quitaron su escopeta y su moto.

Al ingresar a la propiedad privada para la caza en busca de alimentos, no están violando ninguna ley, sino ejerciendo las garantías que se establecen en el Art. 14 de la Ley 234, que aprueba el Convenio 169: “deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”, argumenta la FAPI.

¿QUÉ PIDEN LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA COMBATIR AL VIRUS?

Para muchos pueblos indígenas, los principales temas de preocupación son el acceso, la ampliación, el aseguramiento o la restitución de sus territorios, y los conflictos que mantienen desde hace décadas por luchar jurídicamente por preservarlos. Conflictos que se han incrementado durante estos meses. Claman por acceso a sus propias tierras ancestrales, a comida, agua potable y al saneamiento básico, a viviendas dignas o servicios de salud.

Pero con respecto al coronavirus, las comunidades están pidiendo urgentemente al gobierno fortalecer el sistema de salud pública de las regiones donde se encuentran las comunidades indígenas. Poner a disposición personal médico para la atención de los casos críticos en sus territorios, así como las garantías de traslado hasta unidades de cuidados intensivos, sostenimiento y atención culturalmente adecuada de pacientes.

También piden garantizar la asistencia oportuna y suficiente para fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades en aislamiento por cuarentena, considerando especialmente a las comunidades con contagios confirmados. Y dotar a las autoridades y guardias indígenas de implementos de protección y prevención de contagios (tapabocas, jabón, alcohol en gel, termómetros, etc.).

Sin su territorio y sin los servicios básicos del Estado, las comunidades indígenas están casi abandonadas a su suerte.  

NOTA:

Este trabajo fue realizado gracias a una beca de investigación del Pulitzer Center, que refleja la realidad de los pueblos indígenas y la covid-19. 

Los reportajes individuales se publicarán cada semana en la revista Así.