“En Perú es más fácil vacar al presidente que condenar a un asesino". Frases que pronunciaron por días algunos peruanos e ilustran la turbulencia política que vive el país desde que el lunes 9 de noviembre, cuando el expresidente Martín Vizcarra fuera destituido por el Congreso.

Su cargo lo ocupó Manuel Merino, el martes 10 de noviembre. Sin embargo, en menos de una  semana, el país se sumergió en una convulsion social que solo bajó la intensidad cuando Merino renunció el domingo 15 y asumió el mandato, el martes 17, Francisco Sagasti.

Pero, independientemente de quién es el nuevo inquilino de la Casa de Pizarro, la gobernabilidad es frágil en medio de una crisis de legitimidad no solo del Presidente y del Congreso, sino de toda la clase política peruana. "No es por Vizcarra, es por nosotros", decía una de las pancartas en las masivas protestas que dejaron dos fallecidos, decenas de heridos y varios desaparecidos.

Los golpes de Estado y la crisis política fueron una constante en Perú durante el siglo XX, que terminó con el polémico gobierno de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por homicidio y corrupción.

Vizcarra fue destituido por una moción de vacancia tras ser acusado de recibir sobornos de empresas para conceder obras públicas durante su mandato en la gobernación de Moquegua. Este niega los cargos, entre otras cosas porque se basan en testimonios cuya autenticidad no ha sido validada por la justicia.

Pero, este problema data de mucho antes, incluso el mismo congresista llegó al poder en 2018 luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de dos mociones de vacancia similares. Esta figura se replicó, en menor o mayor medida, en los últimos seis presidentes.  

Perú, entre tanto, ha sido el país más afectado económica y sanitariamente por la pandemia en la región y se prepara para elegir en abril de 2021 nuevo presidente y Congreso.

Así las cosas, la aparente facilidad con que el Congreso logra arrinconar a los mandatarios se ha vuelto una suerte de exotismo, que como otros países de América Latina sufre de corrupción pero con consecuencias extraordinarias.

Estas son cuatro claves para entender la crisis del país vecino.

1. SISTEMA SEMIPARLAMENTARIO

Como en toda la región, Perú tiene un sistema político presidencialista: el jefe de Estado, elegido por sufragio universal, tiene facultades extraordinarias que favorecen la estabilidad y eficiencia del Gobierno. Pero el sistema peruano tiene una característica que solo comparte con Venezuela y Ecuador en el continente: que su Congreso, de apenas 130 legisladores, solo cuenta con una cámara legislativa.

Además, a diferencia del resto de Latinoamérica, los peruanos han ido introduciendo a su sistema instituciones o mecanismos del parlamentarismo europeo que buscan evitar que los presidentes tiendan hacia el autoritarismo. Con eso, las mociones de censura en Perú no son llamados de atención, sino mandatos de renuncia y los gabinetes ministeriales y presupuestos del Ejecutivo dependen del escrutinio y la aprobación del Congreso.

"Una mirada institucional nos hace ver que en Perú el presidente no tiene el perfil hiperpresidencialista que se había planteado, sino que su fortaleza depende de evitar una oposición consolidada en el Congreso", explica Milagros Campos, profesora de derecho constitucional de la Universidad Católica del Perú.

"En 200 años, el país no ha logrado resolver el escenario de un gobierno sin mayoría en el Congreso; y siempre que ocurrió se ha traducido en golpes de Estado o vacancias", como ocurrió en el caso de Vizcarra.

2. LA FIGURA DE VACANCIA

A esto se añade la famosa figura de "la vacancia por incapacidad moral del Presidente", que existe en otros países, pero en Perú opera y tiene alcances distintos. La vacancia viene de la Constitución de 1839 y se ratificó en las 10 siguientes, incluida la última, de 1993.

A diferencia de un juicio político, la vacancia, en teoría, no está destinada a juzgar o sancionar al presidente, sino verificar que sus capacidades sean óptimas para ejercer su cargo. Por eso, el proceso, aunque cuente con un derecho de defensa de 60 minutos, es tan fluido y no exige la intervención de comisiones ni largos debates. Pero, según Campos, "al ser una definición tan amplia el mecanismo se puede usar para cualquier cosa", desde la enfermedad o muerte del presidente hasta su autoridad "moral" para ejercer el cargo más alto de la nación.

El 20% de los congresistas pueden pedir una moción de vacancia, el 40% puede admitirlo y el 66% (87 de 130 legisladores) puede aprobarlo.

3. LA FRAGMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

Por lo anterior es cada vez más claro que en Perú un presidente no puede gobernar sin cierta cantidad de congresistas a su favor. Y Vizcarra, al menos en el papel, no tenía ni uno.

En 2019, el mandatario disolvió el Congreso después que le rechazaron tres veces una reforma a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y llamó a elecciones extraordinarias. Él, que contaba con el apoyo teórico de dos partidos, no presentó candidatos propios. Se lanzaron 21 colectividades y 10 de ellas obtuvieron escaños. "El poder se disgregó y fragmentó más que nunca", dice Campos.

Y eso, según la analista, le terminó pasando factura al entonces presidente. Como en otros   países, Perú vive una crisis de sus partidos que, en un sistema que en la práctica opera como semiparlamentario, se traduce en crisis institucionales como la de los últimos años.

"Con tantos golpes de Estado, los partidos nunca se consolidaron y siempre fueron volátiles (…). Y a eso añádele que no hay reelección de congresistas, con lo que la volatilidad es tremenda", añade.

4. LA CORRUPCIÓN DE FONDO

Todo lo anterior se da en un país donde la corrupción es, como en el resto de América Latina, estructural, y eso facilita que se abran casos por corrupción contra cualquier funcionario. No en vano los congresistas que promovieron la vacancia de Vizcarra están, también, investigados.

Después de Brasil, Perú es el país que más ha avanzado en las investigaciones por corrupción del caso Odebrecht, la constructora que tenía una red de sobornos en toda la región. Sin embargo, casi cuatro años después de que se abrieron las pesquisas, los 46 casos no han arrojado resultados: los cuatro expresidentes salpicados, por ejemplo, están acusados, pero no condenados.

Según Campos, la lucha contra la corrupción ha dado con normas que "entorpecen las inversiones públicas y benefician a los corruptos que logran manejar la burocracia como pez en el agua".

En 2018, Vizcarra promovió un referendo para luchar contra la corrupción que incluía la prohibición de la reelección de congresistas, reforma que fue aprobada por el 85% de los votantes.

Dos años después, según Campos, las buenas intenciones tuvieron un coletazo: "La no reelección genera un efecto no deseado, porque quiebra cualquier espíritu colaborativo y de rendición de cuentas. Los congresistas no están atentos a lo que la población piensa, porque no los van a sufragar de manera inmediata".

En busca de mayor transparencia, distintos expertos han propuesto reformas en materia de transparencia (más escrutinio a parlamentarios, acceso a la toma de decisiones públicas, responsabilidad inmediata a delitos y normas claras de contratación) y competitividad política (requisitos como no tener sentencias en primera instancia pendientes).

"La gente en las calles no les va a creer (a los políticos) si plantean grandes reformas al sistema, sino que tienen que dar muestras concretas, mínimas, que favorecen el respeto a los límites y al no abuso del poder", dice el politólogo Eduardo Dargent.

Pero además de integridad en el ejercicio de la política, las calles de Perú ya empiezan a hablar de cambios en el modelo económico, de derechos sociales como el aborto y castigo al abuso de la Policía. El camino hacia la estabilidad no es el más fácil, pero ya está marcado.