Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 19 de junio de 2024
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Agroquímicos aumentan presencia en Bolivia y rodean a más de 200 comunidades de Santa Cruz

El departamento oriental tiene la mayor demanda del país en el sector agrícola. Solo en cuestión de agroquímicos, se quedan con el 96% de fungicidas, 97% de herbicidas y 90% de insecticidas importados. Estudios determinan los daños que ocasionan al medioambiente. 
La soya transgénica se legalizó en Bolivia en 2005. / BIO
La soya transgénica se legalizó en Bolivia en 2005. / BIO
Agroquímicos aumentan presencia en Bolivia y rodean a más de 200 comunidades de Santa Cruz

En una parcela de cultivo de soya en Santa Cruz, un hombre carga una mochila con glifosato. Debido a las altas temperaturas características de la región oriental, no tiene ninguna prenda especial para cubrirse el cuerpo ni la cara. Con las manos y el torso desnudos rocía el herbicida directamente sobre las plantas. Pese a que lo recomendable es que se aplique este químico con maquinaria especial, como una avioneta que sobrevuela asperjando el preparado, la  realidad de los pobladores que viven alrededor de los grandes sembradíos de soya en Bolivia es distinta. 

Más de 250 comunidades están rodeadas por estas plantaciones, que no cuentan con regulaciones sobre el uso de agroquímicos, lo que pone en vulnerabilidad la salud de quienes están en contacto directo con estos productos e incluso aquellos que viven en zonas más alejadas, pero que también sufren la contaminación que dejan a su paso.  

En los últimos 20 años, Bolivia quintuplicó el volumen en la importación de agroquímicos: solo en 2023, registró el ingreso 152.595 toneladas. Esto ocasionó que, en el mismo período, aumentara nueve veces el valor en dólares que se destina para la compra de estos productos, lo que evidencia que el país fue consolidando la relación entre la agricultura y los agroquímicos. Sin embargo, esto no sucedió en cuanto a las regulaciones de su uso, lo que sigue generando alarma sobre los efectos secundarios que producen. Así lo explicaron investigadores de la Fundación Tierra en el marco del encuentro “Biotecnología: cultivos transgénicos y responsabilidades socioambientales”. 

Los agroquímicos se dividen en plaguicidas (pesticidas) –como fungicidas, herbicidas, insecticidas y otros– y los fertilizantes, que son usados para la agricultura. 

Estos productos son importados mayormente desde países como China, Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú y Rusia, entre otros. Pero, como en otros casos, también está presente el contrabando, que pone en mayor peligro la seguridad de quienes utilizan estos elementos ya que no se garantiza su eficiencia ni los riesgos que conlleva. 

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó, en 2018, que el 14% de la oferta de agroquímicos en el país provenía del contrabando. Eso se traduce en 45 millones de dólares al año. 

El investigador de Fundación Tierra, José Luis Eyzaguirre, explica que, además del daño económico que esta actividad le significa al Estado, también se pone en vulneración a los productores que adquieren estos agroquímicos falsificados. 

Al tener precios menores, atraen, sobre todo, a los pequeños productores, quienes tienen, además, menores herramientas para aplicarlos en sus terrenos. 

El investigador asegura que se desconocen los efectos que estos agroquímicos de contrabando pueden tener sobre los cultivos, tanto si quedan nulos o son contraproducentes a la hora de utilizarlos, ya que no fueron evaluados ni pasaron por un proceso previo de registro.

Eyzaguirre sostiene que existe un subregistro de los volúmenes y valores de los agroquímicos que llegan de contrabando. Algunas fuentes estiman que puede alcanzar hasta un 30% de la oferta total en el país, lo que alerta al investigador. 

Envases de agroquímicos tirados en el campo. /   FUNDACIÓN TIERRA
Envases de agroquímicos tirados en el campo. / FUNDACIÓN TIERRA

EL AGRONEGOCIO EN BOLIVIA 

Según datos de la Fundación Tierra, el agronegocio boliviano tiene una dependencia casi total de insumos externos, desde la maquinaria hasta los materiales de comercialización. Esto significa un gran movimiento económico hacia el extranjero. 

De hecho, las maquinarias agrícolas provienen de Brasil y Argentina, al igual que de otras grandes capitales. 

Santa Cruz es el departamento con mayor demanda en el sector agrícola. Solo en cuestión de agroquímicos, se quedan con el 96% de fungicidas, 97% de herbicidas y 90% de insecticidas importados al país. 

Asimismo, los pesticidas representan el mayor costo de los insumos que se requieren para la producción de soya. La mano de obra alcanza solo el 3%; la maquinaria, 22%; agroquímicos un 65%; y la comercialización, 10%. Por lo tanto, esto incrementa el costo de producción. 

Los últimos años, Bolivia ha ocupado los primeros lugares de contaminación y deforestación en la región y el mundo. Esto está estrechamente ligado con la expansión agrícola, sobre todo en Santa Cruz, que concentra el 72% de la vocación productiva del país y el 99% de los cultivos de soya genéticamente modificados, es decir, transgénicos.

En 2020, Bolivia se convirtió en el mayor emisor de gases de efecto invernadero en comparación con los países sudamericanos amazónicos, con 11.23 toneladas de dióxido de carbono per cápita. 

Según explican desde Fundación Tierra, estos datos negativos están relacionados con la agricultura de monocultivos de Santa Cruz. Se estima que el 58% de las emisiones de gases de efecto invernadero es originado por el cambio del uso de suelo y el 22% por la agricultura, lo que representa el 80% del total de las emisiones del país.

El crecimiento del agronegocio también generó un acelerado incremento de la deforestación en Santa Cruz, que, entre 2001 y 2021, concentra el 85% de total de bosque deforetado a nivel nacional. En ese período, los desmontes superaron los 3.7 millones de hectáreas. 

No es coincidencia que entre los años 2000 y 2022 la superficie cultivada de soya se incrementó en 148% (898.369 hectáreas), lo que se traduce en las grandes transformaciones de la región oriental del país. 

Maquinaria para fumigar plantaciones de maíz. / INDUSTRIA AVÍCOLA
Maquinaria para fumigar plantaciones de maíz. / INDUSTRIA AVÍCOLA

GLIFOSATO, EL HERBICIDA CLAVE 

Junto con la expansión de la frontera agrícola y la deforestación, también hubo un aumento en el uso de agroquímicos a base de glifosato. Este herbicida fue creado para controlar la maleza de los cultivos de soya y comenzó a importarse a Bolivia mucho antes de la aprobación de la soya transgénica, en 2005.

El glifosato fue creado por la empresa Monsanto en 1974, que tuvo la patente hasta 2000, cuando la vendió. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo el principal proveedor de este herbicida en el mundo. Cada año fabrica 2 millones de kilos de glifosato, cantidad con la que se podría fumigar al menos 500 mil hectáreas de soya. 

Actualmente, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tiene el registro de 150 empresas importadoras y comercializadoras de agroquímicos. Entre las principales está Bayer/Monsanto, con la importación de glifosato. 

LOS PELIGROS

Según un estudio que realizó el Departamento de Salud de Estados Unidos en 2019, la exposición prolongada al glifosato se relaciona con distintos tipos de cáncer, retrasos en el desarrollo, enfermedades intestinales y daños al hígado y riñones. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental del mismo país concluyó, en 2020, que el uso de este herbicida pone en riesgo a animales y plantas, al igual que sus hábitats naturales. 

Estos son algunos de los estudios que ponen en alerta a los investigadores en Bolivia, quienes profundizan los peligros que podría representar para las comunidades que viven alrededor de las grandes plantaciones de soya. 

Por su parte, la Fundación Agrecol también explica que los agroquímicos dejan daños en el suelo, el agua, el aire y en las personas. 

Los estudios que realizó la Fundación Tierra determinan que 239.491 personas pertenecientes a 256 hectáreas viven rodeadas por plantaciones de soya en Santa Cruz; sin embargo, no son las únicas afectadas, ya que la contaminación llega incluso a poblaciones más alejadas que ya no se relacionan directamente con la agricultura. 

La venta de agroquímicos de contrabando alcanza el 14% del total del mercado nacional. /  FUNDACIÓN TIERRA
La venta de agroquímicos de contrabando alcanza el 14% del total del mercado nacional. / FUNDACIÓN TIERRA

NO TODO ESTÁ PERDIDO 

Si bien el panorama del crecimiento del agronegocio preocupa por los efectos ambientales que trae consigo, aún quedan acciones que se pueden tomar para que las cosas mejoren. 

Desde que se incorporó el uso de soya transgénica al país, no se hizo evaluaciones ambientales sobre sus efectos. Asimismo, las fumigaciones aéreas y terrestres carecen de regulación sobre la distancia de los centros poblados que deben cumplir.  

Desde Tierra dan cuatro recomendaciones para regular el uso de agroquímicos en el país y, con ello, disminuir sus efectos secundarios. 

El primer punto es actualizar las políticas empresariales de responsabilidad ambiental, sobre todo enfocadas en la deforestación. El segundo es que se debería pedir a las empresas importadoras certificaciones de instancias internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Las áreas afectadas por la deforestación desempeñan un rol clave en el funcionamiento del clima y son esenciales para las poblaciones rurales que viven de ellas. Es por eso que la certificación ayudaría a que las empresas asuman un mayor compromiso en la protección del medioambiente. “Esta certificación debería incluir la garantía de mercados libres de deforestación, la protección de los medios de vida locales, la ausencia de contaminación y el uso adecuado de glifosato”, dicen desde Fundación Tierra. 

Como tercer punto, aconsejan el seguimiento a la postventa de los agroquímicos. Pese a que ya existen medidas establecidas internacionalmente, las empresas productoras y las distribuidoras no realizan un seguimiento adecuado al destino de sus productos, por lo tanto no tienen conocimiento sobre las consecuencias que pueden tener en quienes los usan o en el medioambiente. 

Finalmente, como cuarto punto, la Fundación Tierra insta al apego de las empresas de agroquímicos al cumplimiento de normativas ambientales enmarcadas en la ley.

Por ahora, Bolivia solo legalizó el uso de soya transgénica; sin embargo, varios productores comenzaron a hablar sobre el maíz transgénico. Mientras tanto, la poca regulación y el desconocimiento sobre los efectos secundarios siguen estando vigentes.l