Hoy, 15 regiones del país irán a un referendo autonómico. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, espera una masiva participación ciudadana en esta jornada y que todas las normas básicas en consulta sean aprobadas. La autoridad prevé además que el proceso autonómico continuará el próximo año con entre 30 y 60 regiones más. Hasta 2025, dice, el resultado esperado es un Estado más próximo a la sociedad en el que no solo el nivel central emita normas y administre, sino en el que también lo hagan los otros ejes que lo componen.

Se busca, señala Siles, revertir la tendencia actual para que las leyes emitidas por los gobiernos subnacionales sean sobre todo regulatorias y establezcan competencias, más que ser solo normas administrativas y declarativas.

En entrevista con OPINIÓN, el Ministro habla de un proceso de autonomías y descentralización que está y que seguirá estando en construcción, y que además es un medio para mejorar la gestión pública. Explica también qué pasa tras la aprobación o rechazo de una carta orgánica y un estatuto.

P.: ¿Qué espera el Gobierno del referendo autonómico de hoy?

R.: Cuando asistimos a un referendo y consulta sobre temas de decisión ciudadana que significan avances, transformaciones, reformas y, en este caso, la aprobación de estatutos y cartas orgánicas, estamos asistiendo a un proceso democrático participativo de toma de decisión directa. Por ello esperamos la mayor participación de los ciudadanos en los 15 municipios donde se localiza este referendo y consulta (…). Más allá de que hay una multa si no lo hacen, creemos que hay ciudadanos en Bolivia que le han dado importancia y valor a los referendos.

P.: ¿Qué pasará luego de la aprobación de los estatutos y cartas orgánicas?

R.: Se está perfilando un resultado favorable que sintoniza con los objetivos de las autoridades locales que han preparado estas normas básicas durante mucho tiempo y que las han socializado. En el caso de aprobarse, como creemos que pasará en los 15 municipios, el proceso culmina con un grado de evolución y perfeccionamiento del tipo de autonomía que se aprueba.

Si se aprueba una carta orgánica en un municipio, este deja de depender de la norma supletoria del nivel central del Estado, la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales; y sustituye una norma de 39 artículos por una propia, elaborada con sus propias características, de al menos 200 artículos. Se fortalece y blinda la gestión pública municipal, se mejora la estructura de gobierno y se fortalece la relación con el nivel central del Estado.

En el caso de aprobarse el estatuto de una autonomía indígena originaria campesina, hay un proceso inmediato de conversión del municipio. La aplicación del estatuto establece la elección de autoridades originarias, hay todo un proceso de transición, de cierre contable del gobierno municipal y se instala un autogobierno indígena originario campesino como el que se está desarrollando en Charagua, Santa Cruz.

Y, en el caso de la aprobación del estatuto de una autonomía regional, como en la provincia Gran Chaco, el proceso de la autonomía, que ya tiene una actuación gradual, se perfecciona porque se completa la elección de autoridades ejecutivas y hay mayor trascendencia en el funcionamiento del gobierno regional.

P.: ¿Cuáles son los tiempos de esta implementación?

R.: En los propios estatutos (de las autonomías indígenas) se prevé un régimen de transición que se sigue inmediatamente. Estamos hablando de unos meses para la elección de autoridades originarias. No olvidemos que se extingue la figura del alcalde, de los concejales y se cierra esa estructura. Esa elección da lugar al proceso de extinción y cierre contable del gobierno municipal respectivo. Todo ese proceso demanda un tiempo, en Charagua ha demandado un año. Eso depende de la voluntad política y la celeridad que le dé cada autoridad.

Para las cartas orgánicas, la implementación de regímenes financieros, administrativos y de estructura tienen (plazos de) entre 90 y 180 días, tiempos establecidos en cada carta.

P.: ¿Qué pasa si se rechaza alguna carta orgánica o estatuto?

R.: La carta orgánica que se rechaza no entra en vigencia y el municipio sigue dependiendo de la Ley 482. Si se rechaza un estatuto de autonomía indígena, tendrá que esperarse un tiempo para retomar o no el proceso. En todo caso, en lo municipal, la carta orgánica es una competencia potestativa y, en el caso de la autonomía indígena, es una demanda, un derecho y un reclamo histórico ancestral. Se ha dado el caso de Totora Marka (Oruro) el año pasado, que rechazó (su estatuto). Pero hay características singulares de los procesos del año pasado, que estuvieron “contaminados” por un ambiente de rivalidad y por una actitud plebiscitaria de las fuerzas políticas de oposición hacia las autoridades de ese momento. Se inscribieron campañas contra los estatutos, hecho que no se ha dado en este proceso. No hay ningún partido político que ha inscrito a su fuerza política contraria a un estatuto o carta orgánica (…). Este es un avance en democracia, en información ciudadana y en mayor valoración de este proceso.

P.: Muchas personas desconocían el contenido de estatutos y cartas orgánicas, ¿ha mejorado la socialización?

R.: Empezó siendo débil. En la mayoría de estos procesos hay una localización rural. No toda la información ha fluido de manera óptima en una primera etapa, pero ha ido aumentando el grado de acceso y difusión de esa información. Estamos en niveles aceptables, hemos pasado esa línea hacia lo regular y más. Nada es suficiente cuando se trata de difundir y promover (…). Podía haber existido mayor involucramiento, pero estamos en un proceso gradual. Se está asumiendo de a poco una conducta que mira a las autonomías como un medio para mejorar y perfeccionar los procesos de administración pública y la relación Estado-sociedad.

El año pasado fueron 10 referendos, este año 15, el próximo año tenemos previstos más de 30 y en el Tribunal Constitucional hay más de 200 cartas orgánicas que están en revisión para ser evacuadas de forma paulatina. Estamos en una construcción gradual del proceso constitucional autonómico que tiene seis años y tres meses de vigencia. Hemos acompañado un proceso de mayor ejecución, ya en el llano, de la descentralización y las autonomías. Creemos que en los próximos años aumentará el número de ciudadanos que vayan asimilando estos procesos.

P.: ¿Qué tipo de país se está perfilando como resultado de todo esto?

R.: Un país que ha incorporado en la plurinacionalidad la descentralización y las autonomías, donde el Estado, representado por el nivel central, no es el único ente emisor de leyes y de normas, sino que es un Estado compuesto que mantiene la unidad del territorio, pero que su eje está compuesto por otros centros emisores de leyes y administradores de gobiernos. Es un Estado, en definitiva, más cercano al ciudadano (…). Es lo que queremos alcanzar hasta 2025.

P.: ¿En ese Estado terminará la centralización y el control del poder?

R.: El proceso autonómico boliviano está muy bien diseñado en la Constitución. Ha distribuido de forma constitucional las competencias y responsabilidades, ha abierto formas de coordinación sectorial y entre los niveles del Estado (…). En los próximos años, el debate autonómico y de perfeccionamiento seguirá siendo sobre construir formas cada vez más apropiadas de desarrollar esfuerzos compartidos. Así sucede en el mundo (…). La autonomía y la descentralización no son un fin en sí mismo, no se va a tocar el cielo cuando se complete el mapa del territorio nacional con el empoderamiento de gobiernos subnacionales. Este proceso es un medio para alcanzar el perfeccionamiento y la eficiencia de la gestión pública, que es el resultado de los esfuerzos combinados de varios gobiernos para reducir la pobreza extrema y otros imperativos de nuestra Agenda Patriótica 20-25.

P.: ¿Cómo se garantizará que las leyes generadas desde la autonomía sean aplicables?

R.: En Bolivia, todas las leyes, en el marco de la competencia, tienen la misma equiparación. Ninguna está subordinada a otra, así como ningún gobierno autónomo está subordinado a otro (…). Se han producido alrededor de 4.260 leyes subnacionales en toda la historia de este proceso. Un 70 por ciento de ellas siguen siendo administrativas y declarativas, y un 30 por ciento tienden a ser regulatorias. Lo que queremos en alguna medida es invertir los porcentajes, quisiéramos que el 70 por ciento sean leyes regulatorias que pongan en vigencia competencias. Se está trabajando de a poco. Las asambleas legislativas y los consejos han ido asumiendo una nueva dimensión (…). La estructura legislativa subnacional es y va a ser siempre coadyuvante y complementaria al desarrollo del país. Hay leyes nacionales que necesitan su reglamentación en el nivel subnacional (…). Necesitamos esa coordinación y cuando hay choque de competencias, tenemos órganos dirimidores y técnicos que nos asisten.

P.: Varias entidades no pudieron entrar a este referendo, ¿cuánto tardarán en alcanzar su autonomía?

R.:Hubo problemas de recursos y de priorización de otros temas como la sequía. Lo que tienen que hacer es presupuestar sus recursos para asumir los costos del referendo, por lo menos estos 30 (municipios). Van a haber otros 20 o 25 procesos que van a estar listos. Si todos lo hacen bien, podrían haber casi 60 procesos el próximo año, incluyendo aquellos que evacúe el Tribunal Constitucional y que hagan bien la tarea (…). Es parte de la propia gestión que imprime cada municipio, no podemos obligarles (…). Hemos hecho mucho para que se animen a ir al referendo y la consulta. Algunos alcaldes y concejales, en la rivalidad y la pelea interna, coadyuvaron a que estos procesos se estanquen o posterguen. En esto ya no podemos tutelarlos, es una decisión vinculante a ellos. Si se rechaza una carta orgánica, no es responsabilidad nuestra, no nos afecta en nada (…).

P.: Pero el proceso se atrasa…

R.: Claro, se imprime menos velocidad. Para nosotros sigue siendo un objetivo que el proceso avance. Hacemos todos los esfuerzos de gestión para acompañarles (…). El próximo año pueden ser mínimo 30 procesos, máximo podrían ser 60 y una cantidad conservadora sería 40.

P.: Para el Presidente, algunas regiones no quieren la autonomía porque no tienen los recursos para ello, ¿cómo resolver esto?

R.: Hasta antes de nuestro Gobierno, el nivel central del Estado era ineficiente. No tenía recursos ni formas de satisfacer las demandas del país (…). Ahora, paralelamente al proceso autonómico de descentralización, el nivel central del Estado se ha hecho más eficiente y creíble (…). Pero estamos trabajando para explicar que en la medida que se tengan mejores instrumentos normativos básicos, (los gobiernos subnacionales) van a fortalecer su relación con el nivel central. Algunas voces agoreras, que son coyunturales, les dicen que si aprueban sus estatutos, no les van a transferir recursos y les van a cobrar más impuestos. Por eso el Presidente habla de algunas regiones que tienen menos recursos y que no están priorizando estos procesos. Es porque tienen una relación muy estable, productiva y coordinada con el nivel central.