El sacrificio ritual de cien bueyes era denominado, en la Antigua Grecia, “hecatombe”. Hoy, utilizamos la misma palabra para referirnos a una desgracia de gran magnitud, que involucra la muerte de muchas personas. En los últimos cuatro años fueron asesinados casi ochocientos defensores ambientales, según lo que revelan los informes de Global Witness. Creo que ahí la palabra “hecatombe” no es suficiente para describir semejante carnicería de seres humanos.

La esperanza que promovió el Acuerdo de París en diciembre de 2015 se amargó de un modo cruel por el promedio de cuatro asesinatos por semana a defensores ambientales, revelado por el informe “Defending Tomorrow” (Global Witness), en julio de 2020. La mayor parte de estas muertes ocurrieron en Latinoamérica. 

Aunque la opción más tentadora podría ser abandonar la esperanza y entregarnos a un nihilismo ensimismado, no es la única ni la mejor. 

El pasado 22 de abril, al calor de la celebración del Día de la Tierra, entró en vigencia un “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”: el Acuerdo de Escazú. Bolivia es uno de los doce países que hicieron posible la entrada en vigencia de este acuerdo, gracias a su firma y ratificación. 

Es verdad que, cuando se trata de acuerdos internacionales, cien lecturas y cien revisiones de ambigüedades a menudo no son suficientes para firmar algo sin temor de afectar gravemente lo que se ha convenido en llamar la “soberanía” de un país. Sin embargo, aunque ese temor podría ser propositivo, muchos detractores del Acuerdo de Escazú eligen ametrallar a todas partes sin un criterio claro, pretendiendo probar conclusiones espurias a partir de premisas que no tienen atingencia lógica.

El ejemplo que ahora servirá para ilustrar algunas de estas falacias es una entrevista en El Montonero, del 2 de julio de 2020, a Francisco Tudela, ex Canciller y ex Vicepresidente de Perú, uno de los países en los que resultó más polémica la propuesta de ratificación del Acuerdo. La pertinencia de este ejemplo reside en la seriedad con la que esta persona esgrime sus argumentos, que contrasta con el estilo menos experimentado de otros detractores. No obstante, su seriedad y experiencia no impidieron que cometa evidentes falacias.

Antes de enumerar algunas de esas falacias, conviene señalar primero una virtud del discurso de Tudela: el haber mencionado que el Acuerdo de Escazú debería ser universal y no regional. Coincido en este punto, sin embargo, también comprendo que esta regionalización proviene de la urgencia que demanda el hecho de que la mayor parte de los asesinatos a defensores ambientalistas en los últimos años ocurrió en Latinoamérica. Dicho esto, creo pertinente mencionar por lo menos dos falacias cometidas en esta entrevista.

En la primera falacia se apela a un tipo de “autoridad” que en este caso es un país y, por tanto, es difícil distinguir si se trata de un Argumentum ad Verecundiam o un Argumentum ad Populum. Tudela pretende concluir que el Acuerdo de Escazú es demasiado “radical” sobre la base de las siguientes premisas: a) este Acuerdo está basado en el Artículo 10 de la Declaración de Río de Janeiro; y, b) La Declaración de Río es demasiado radical. Seguramente el lector se preguntará de dónde sacó Tudela la segunda premisa. He aquí la falacia en cuestión, el entrevistado concluyó la premisa “b” a partir de una premisa anterior de apelación a una autoridad que no pertenece al campo que se discute. Dice Tudela: “la Declaración de Río […] era tan radical que los Estados Unidos de América, teniendo un gobierno demócrata, se retiró [sic] del acuerdo”.  La pregunta es: ¿por qué de pronto EE. UU. aparece como la autoridad que determina la radicalidad de un acuerdo ambiental? 

La segunda falacia es una especie de Argumentum ad Hominem circunstancial que no apela como tal a la circunstancia de un hombre, sino a la circunstancia de una institución: la CEPAL. Parece sugerir Tudela que debido a que la CEPAL “es un organismo muy debatido en su orientación ideológica”, el Acuerdo que formula esta institución es sesgado. Tratar de argumentar que un acuerdo es sesgado debido a que el organismo que lo formula es debatido en su orientación ideológica es equivalente a decir que cierta canción pop no suena bien simplemente porque su compositor es rockero. Se debe argumentar sobre la melodía, la armonía y el ritmo de la canción, no sobre los gustos del compositor; así mismo, se debe argumentar sobre el documento del Acuerdo, no sobre la fama de la institución.

Cabe anotar, como una pequeña aclaración respecto a mi postura, que, aunque defiendo a brazo partido la necesidad de un Acuerdo de Escazú, me agradaría mucho leer una crítica rigurosa y precisa hacia éste. Esto representaría una oportunidad de pensar modos en los que se podría mejorar la redacción de Acuerdos ambientales internacionales. Por ejemplo, el argumento que dio el Gobierno de Chile para rechazar el Acuerdo, que él mismo promovió en un inicio, fue bastante mesurado. Los ministerios chilenos de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente arguyeron que algunas normas del pacto poseían ambigüedades. Sería interesante que se haga un recuento puntual de estas ambigüedades, junto a una propuesta de como aclararlas.

Es cierto que el caso peruano es mucho más complejo, sobre todo por la feroz recesión económica que azotó tal país en 2020, pero precisamente por eso, ahora más que nunca, la Amazonía peruana debe ser cuidada por defensores ambientales, para dejar de ser concebida como un cúmulo de valores económicos, para empezar a ser reconocida como el tejido de valores vitales que es. Finalmente no queda más que desear que nuestros hermanos peruanos encuentren el camino más sabio y efectivo para superar esta crisis, sin sacrificar su naturaleza (seres humanos incluidos) en manos del extractivismo y la economía cortoplacista. 

Licenciada en Filosofía y Letras - [email protected]