La Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Secretaría de Salud y la Junta Médica del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi participarán el lunes de una reunión interinstitucional donde intercambiarán criterios sobre el estado de la niña, de 12 años, que cursa la semana 29 de gestación. La menor sufrió violación por parte de su abuelastro en Chimoré. 

Los médicos consideran que no corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por la edad gestacional, de siete meses, e hicieron conocer que ese procedimiento debería realizarse máximo hasta la semana 22. En cambio, la Defensoría del Pueblo exige que se cumpla la Sentencia Constitucional 206/2014 que establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando la vida o salud esté en riesgo.  

Más de 83 organizaciones e instituciones y 56 activistas de toda Bolivia se pronunciaron sobre el caso. “La Junta de Médicos del Materno Infantil Germán Urquidi en Cochabamba vulnerando la normativa vigente decidió, por encima de la voluntad de la niña, no interrumpir su embarazo, sin considerar el sufrimiento físico y emocional que ello está provocando en la niña”, dice parte del documento.  

Asimismo, expresaron su respaldo a las acciones legales ante instancias nacionales e internacionales que la Defensoría del Pueblo anunció para “precautelar la vida y la salud integral de la niña”. También exigieron celeridad en el proceso contra el agresor sexual que está con detención preventiva. Un grupo de activistas se reunió ayer en puertas del Maternológico.