Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 05 de diciembre de 2021
  • Actualizado 01:11

Tribunal de Quillacollo falló dos veces a favor de Jhasmani, pese a su condena

Juan Antonio Cuéllar, víctima del “abogado del diablo”, pide que se revoque la detención domiciliaria de Torrico, como ocurrió en mayo cuando también quiso cambiar la cárcel por su casa.

Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado del diablo”, en el Juzgado de Quillacollo. DICO SOLÍS
Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado del diablo”, en el Juzgado de Quillacollo. DICO SOLÍS
Tribunal de Quillacollo falló dos veces a favor de Jhasmani, pese a su condena

Jhasmani Torrico Leclere, conocido como el “abogado del diablo” o el “abogado torturador”, ha buscado en reiteradas oportunidades cambiar la cárcel por su casa. El Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo lo condenó el 24 de febrero de este año a seis años y seis meses de presidio en el penal de San Sebastián por los delitos de secuestro y lesiones en el “caso mecánico”, pero ese mismo Tribunal falló dos veces a su favor otorgándole detención domiciliaria, pese a contar con una sentencia.

El condenado busca dejar la prisión aprovechando que su sentencia no ha sido ejecutoriada. Juan Antonio Cuéllar, mecánico torturado por Jhasmani Torrico, dijo que esa resolución pone en riesgo su vida, de su familia e incluso de la fiscal asignada al caso Faridy Arnez y espera que sea revocada en la audiencia de apelación (aún no fijada), como ocurrió en mayo.

Para la víctima, el Tribunal de Quillacollo, presidido por la jueza Salomé Guzmán Terán, se parcializó a favor del acusado. Pide a las autoridades que se realice una auditoría para garantizar transparencia y justicia.

RESOLUCIÓN 1

El sábado 24 de abril, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo favoreció a Jhasmani Torrico con detención domiciliaria, fianza de 80 mil bolivianos y arraigo. Ese fallo fue apelado y la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia anuló esa resolución el 7 de mayo manteniendo al “abogado del diablo” en prisión.

El 24 de abril, el coordinador departamental del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Vladimir Pérez, se mostró sorprendido al enterarse que se realizaría una audiencia virtual para resolver una acción de libertad interpuesta por el sentenciado. Observó que la resolución se dio con una disidencia. “Hubo solamente dos jueces (de tres) y con la disidencia de uno dieron lugar a la cesación de la detención preventiva de Jhasmani Torrico, es decir, uno de los jueces estaba de acuerdo con la cesación (la jueza Guzmán) y el otro no, necesariamente debería existir un juez dirimidor”.

RESOLUCIÓN 2

El viernes 5 de noviembre, el mismo Tribunal No. 2 de Quillacollo benefició a Torrico con medidas sustitutivas a la detención preventiva, pese a que los abogados no desvirtuaron los riesgos procesales en el “caso mecánico”.

El Tribunal con dos votos a favor, entre ellos de la jueza Guzmán, y uno disidente otorgó detención domiciliaria con custodio policial, fianza de 80 mil bolivianos y arraigo. El Ministerio Público apeló esa determinación y aguardan que se fije la audiencia que esperan se desarrolle antes que Jhasmani cumpla con los requisitos y abandone la prisión.

La víctima pide que la Justicia revoque el arresto domiciliario de Jhasmani y que éste cumpla su condena en el recinto penitenciario.

La sentencia del “abogado del diablo” tampoco fue unánime. Hubo un juez disidente; la presidenta del Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo, Salomé Guzmán. Torrico apeló el fallo argumentando la sentencia mixta. “Dos de los jueces consideraron que existe secuestro y lesiones, pero la Presidenta tiene un criterio distinto y considera que hubo extorsión y lesiones (…). Obviamente se dictó la sentencia porque el criterio mayor lo asume la mayoría, dos de tres jueces en este caso, y eso abre camino a que pueda plantear la apelación restringida”, dijo al salir del Juzgado.

CALVARIO

Juan Antonio Cuéllar no encuentra paz desde hace tres años y siete meses. El 16 de marzo de 2018, tres hombres llegaron al taller de la víctima pidiendo auxilio para una movilidad varada a unas cuadras. El mecánico sacó sus herramientas y subió a un taxi hasta llegar a un Toyota RAV4 que tenía el capó abierto, donde lo redujeron, le hicieron toques eléctricos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde lo torturaron sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y golpeándolo hasta obligarlo a firmar un documento en el que aceptaba que los dueños de la casa que tomó en anticrético le hacían la devolución de 20 mil dólares. Le tomaron fotos contando billetes junto a los propietarios, pero no recibió ni un dólar.

Juan no recuperó su dinero, ahorro de varios años de trabajo, y peregrina por justicia en el proceso penal.