Adriana, nombre cambiado, se encuentra en la cárcel San Pedro de Sacaba cumpliendo una pena por trangresiones a la Ley 1008. Aceptó su culpa, pero sostuvo que cometió un delito por la necesidad de alimentar a sus hijos.

“Estamos pidiendo un poco de humanidad. Hay muchos enfermos en las cárceles y tenemos hijos. Sabemos que hemos cometido errores, pero lo hicimos por el bienestar de nuestra familia. El indulto nos ha cerrado las puertas a los que cometidos delitos relacionados a 1008, pero necesitamos que las autoridades vuelquen sus miradas a las necesidades de los penales. La mayoría ha enfermado con resfrio u otras patologías y los medicamentos se acaban en uno o dos días después de su llegada”, manifestó.

La mujer dijo que la pandemia los obligó a parar sus actividades laborales debido a que muchos enfermaron y otros están desmotivados porque sus productos no se estuvieron comercializando.

En Cochabamba, las siete cárceles acogen a 2.647 personas. De esa cifra, el 80% se encuentra con detención preventiva y solo un 20% tiene una sentencia condenatoria. El hacinamiento en los penales complica aún más la situación puesto que algunos alcanzaron hasta un 200% de hacinamiento como San Sebastián y San Antonio, los recintos más pequeños.

La población carcelaria se encuentra temerosa ante la posibilidad de que el coronavirus haya ingresado en los penales de Cochabamba, como ya ocurrió en otros departamentos del país. Internos de tres cárceles, San Sebastián, San Antonio y San Pedro, protestaron y se amotinaron en las últimas semanas reclamando atención médica e implementación de medidas de bioseguridad contra la COVID-19.

LA ENFERMEDAD Unos 40 privados de libertad fallecieron a consecuencia del coronavirus y 159 fueron contagiados a nivel nacional, contabilizados hasta el 13 de julio, de acuerdo con información del viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. Además, hay 118 sospechosos, 74 fueron dados de alta y 17 permanecen internados en centros hospitalarios. Bolivia tiene una población carcelaria que supera las 18 mil personas.

En Cochabamba, cinco internos fallecieron con sintomas de COVID-19, hasta el 10 de julio. Al respecto, la directora departamental de Régimen Penitenciario, Pamela Suárez, informó en una anterior entrevista, que dos privados de libertad son del penal San Pablo de Quillacollo, uno de San Sebastián, otro de San Pedro y un último de San Antonio.

El interno del penal de San Pedro tuvo una complicación presuntamente porque padecía diabetes y falleció cuando lo traslababan a un centro hospitalario. Le realizaron una prueba rápida que dio negativo a COVID-19 y los familiares rechazaron la PCR tras obtener ese resultado. En tanto, la población carcelaria considera que ese examen “no es garantía”.

Explicó que a los otros tres privados de libertad (dos de San Pablo y uno de San Sebastián) les tomaron las muestras para laboratorios de PCR, pero no recibieron los resultados tras más de 20 días de espera. Añadió que todos fallecieron con insuficiencia respiratoria, uno de los síntomas de enfermos con COVID-19. Este medio de comunicación intentó contactarse este miércoles con la autoridad para conocer si le llegaron los examenes, pero no respondió las llamadas.

SITUACIÓN Los privados de libertad de Cochabamba se declararon en estado de emergencia ante los riesgos de contagio. Exigen la habilitación de espacios para el aislamiento de los internos con sospecha de COVID-19, además del ingreso de brigadas médicas para que realicen un rastrillaje en los penales y la dotación de medicamentos  e insumos de bioseguridad.

Al respecto, Suárez dijo que el Gobierno dota de medicamentos a los penales una vez por mes, pero que los lotes han sido insuficientes en este período porque muchos internos se encuentran resfriados y temerosos de contraer COVID-19. Pidió el apoyo de la Gobernación y las alcaldías para cubrir las necesidades de la población carcelaria.

Adriana dijo que en San Pedro se agotan los medicamentos en uno o dos días porque al menos el 80% está resfriado. Una situación similar se presenta en los otros recintos penitenciarios.

SALIDAS Los delegados de las cárceles de San Antonio, San Sebastián y San Pedro, durante sus protestas, exigieron la continuidad de audiencias y juicios puesto que se han visto perjudicados desde que comenzó la pandemia.

Suárez indicó que 18 carpetas de indultos y amnistías fueron homologadas, es decir, 18 internos consiguieron su libertad. Añadió que esperan alrededor de 12 carpetas más que están siendo ordenadas por defensa pública.

“Esperamos que otros privados más puedan acogerse al indulto o amnistía puesto que el Decreto 4226 tiene vigencia de un año. La cuarentena ha imposibilitado tramitar las causas”, dijo.

Aislamiento

Los nuevos privados de libertad cumplen un aislamiento preventivo en el bloque C de El Abra por unas dos semanas. Había 72 personas en ese ambiente, hasta la semana pasada.